Verde que te quiero verde. ¿Pero por qué?

Hace cinco años la Unión Europea aprobó la Directiva 2009/28/CE con la que se instaba a los estados miembros a fomentar el uso de las energías renovables. Se planteó entonces el objetivo de que estas fuentes alternativas alcanzasen una cuota de participación en el cómputo global de la producción energética del al menos el 20% sobre el total para el año 2020 (en relación a los niveles de cada Estado Miembro en 2005). En ese contexto se elaboró el Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020 -sucesor del PER 2005-2011-, en el que se establecían las líneas estratégicas a través de las cuales el Estado debería de alcanzar los objetivos antes de la fecha límite planteada. En contradicción con las previsiones establecidas en el documento, el gobierno actual suspendió las primas y ventajas fiscales que sostenían la competitividad de dichas energías en el mercado a golpe de Reales Decretos -RD-Ley 1/2012 del 27 de enero y RD 413/2014 del 6 de junio-. Y como ya ha pasado antes cuando las conocidas también cuando el desarrollo de las energías limpias sale perjudicado de alguna reforma normativa, un conjunto de reacciones canalizadas principalmente por los grandes grupos ecologistas, como Ecologistas en Acción o Greenpeace y la APPA, la patronal de las energías alternativas, se alzaron en pie de lucha.

No obstante, pese a que podría tratar de desarrollar una crítica profunda a las reformas gubernamentales ya mencionadas y que son tema vigente -y en muchas cuestiones tendría buena parte de razón-, aportando así un granito de arena a un debate que parece que solo admite cara o cruz, creo que es más conveniente replantearnos ciertas afirmaciones que aún mil veces repetidas en los eslóganes, en realidad no se sostienen sobre unas bases tan firmes como creemos. Sobre el tema de las energías renovables hay bastantes respuestas, pocas concluyentes y ninguna sencilla.  Sin embargo, el desconocimiento y las dinámicas de reproducción del discurso desde algunos ámbitos defienden a capa y espada un cambio de modelo que incluso en la teoría mantiene demasiadas contradicciones. Pero yo me pregunto, ¿Cuál es la capacidad real que tienen actualmente las ya mencionadas fuentes de energía alternativas para mitigar o anular los efectos dañinos al ecosistema? ¿Qué deberíamos conocer para poder defender con efectividad un cambio de modelo energético?

Se publicaba en Naukas -importante portal de divulgación científica de calidad- un artículo en el que se analizaban tres lugares (la Isla del Hierro, la isla danesa de Samso y la población neozelandesa de Tokelau) que habían apostado fuertemente por la sustitución de sus energías convencionales por otras más verdes; la energía eólica, la fotovoltaica, la hidroeléctrica y la energía de biomasa. El estudio de estos tres casos que hasta el momento habían sido publicitados como claros ejemplos de la máxima sostenibilidad -el cien por cien de tasa de renovabilidad-  reveló ciertos déficits y problemas que se habían estado omitiendo. La incapacidad para generar energía de base, la baja eficiencia energética de algunas tecnologías, la ausencia de lugares adecuados para ubicar los centros de producción y las dificultades económicas para amortizar las inversiones eran algunas de las conclusiones extraídas del análisis. Como dato anecdótico pero representativo, el coste de inversión real necesaria que le costó a la población neozelandesa de Tokelau osciló entre tres y cinco veces su propio PIB. Pero vayamos por partes.

La producción de electricidad requiere de estabilidad, y las renovables trabajan en base a una íntima relación con los procesos naturales, que son variables y en algunos casos impredecibles. La fotovoltaica requiere de buenos índices de radiación para ser considerada como eficiente y la eólica necesita vientos ni demasiado leves -no producirían electricidad- ni demasiado potentes -puesto que algunas piezas se deterioran si trabajan por encima de un máximo determinado-. Por su parte, la biomasa necesita áreas forestales extensas  -y que no estén al amparo de ninguna figura legal de protección ambiental -que produzcan grandes volúmenes de deshechos de tareas de silvicultura o de suficiente superficie cultivable- en el caso de los cultivos energéticos o agrocombustibles. También la hidroeléctrica, cuyos efectos sobre el territorio son los de transformación total y absoluta del espacio y las dinámicas naturales del mismo, por lo que tampoco representa el idílico paradigma de la sostenibilidad. Y por último las otras, más residuales como la geotérmica o mareomotriz -y muchas otras-, quedan relegadas a contextos escasos y su viabilidad relativa es bastante pequeña. Todo esto a grandes rasgos. Todo esto sin tener en cuenta otros impactos que cada vez son más considerados, como el valor paisajístico, que actualmente es considerado en la mayoría de evaluaciones ambientales y se constituye como un activo más del potencial endógeno del territorio.

En la misma línea, otro artículo concluye que si además de los famosos GAI’s -Gases de Efecto Invernadero-, es decir, dióxido de carbono, dióxido nitroso y metano,  añadimos al cálculo el resto de deshechos y emisiones que derivan de todo el ciclo de vida de una tecnología -extracción materiales, distintas fases de transporte, elaboración, mantenimiento y desmantelamiento- el potencial sostenible de las renovables frente a las convencionales se ve seriamente cuestionado. Si consideramos, además, otras sustancias emitidas menos consideradas u omitidas en muchos de los estudios, como el dióxido de azufre, el ácido clorhídrico o  el amoníaco, que tienen parte de culpa en otros procesos de deterioro como la acidificación de las tierras o la contaminación de las aguas, entonces el análisis comparado se hace aún más complejo e interesante.

Pero no todo es negativo ni pésimo, pese a que los resultados actuales sean poco alentadores y las alternativas brillen por su ausencia. Estas energías deben de regir las bases sobre las que se inspiren las nuevas tecnologías porque apuestan por fuentes de energía con altas tasas de renovación -nunca absolutamente renovables, considerando los principios que establece la ley física de conservación de la energía-. Huyendo del mito de la máxima sostenibilidad, existen otros motivos por los que este sector incipiente debería de seguir siendo desarrollado. Siguiendo las líneas de un estudio -que quizá peque de optimista- elaborado por el CIRCE, en el Estado se podrían crear hasta 135.000 puestos de trabajo -contando puestos directos e indirectos- entre todos los distintos puestos de empleo que, siguiendo un efecto multiplicador, se generarían: certificadores, investigadores, personal de mantenimiento, operarios de extracción de las materias primas -en el caso de la biomasa-, etc.

Otro de los elementos interesantes que dan la ventaja a estas energías alternativas son las posibilidades de autogeneración y de creación de economías circulares. Lo primero, la autogeneración, permite el aprovechamiento de los recursos locales y la independencia de los sobrecostes que se dan en contextos rurales y aislados, de difícil acceso a la hora de importar las materias primas o realizar tareas de mantenimiento. Este concepto está regulado en muchos países, como es el caso de Alemania, EEUU o Italia, y sin embargo está penado mediante “peajes energéticos” en nuestro país. En cuanto a la creación de economías circulares, el uso de los Residuos Sólidos Urbanos o de los deshechos de fábricas o de tareas de silvicultura para generar electricidad o carburantes -cogeneración, biocombustibles y biogás- darían una salida efectiva a unos outputs cuyo tratamiento supone grandes costes para las administraciones locales. Cerrarían el ciclo de la vida del producto de una manera más sostenible.

Y sin embargo, en la calle siguen resonando las frases de panfleto, que repiten: Los carburantes de origen fósil son sinónimo de apocalipsis y las energías renovables de salvación. Como ya hemos comentado en la introducción, ese es el argumentario simplificado que la “izquierda ideológica y ortodoxa” ha utilizado y utiliza de forma asidua en los distintos espacios donde tiene presencia; desde los grupos ecologistas hasta los partidos políticos situados en el ala oeste del espectro ideológico, sin olvidarse de las patronal -sí, las renovables también tienen de eso- y todo el conglomerado económico que arrastra el sector -a resguardo de una ciudadanía que mueve la cabeza de arriba abajo como un robot-. A partir de ese enfoque, y aplicando una visión parcelaria y escasa en información se deduce erróneamente que el gran poder de los lobbies del petróleo, del gas y de las nucleares, así como la derecha ideológica, son los únicos culpables de que el mix energético no cambie del color negro del petróleo al verde de las también conocidas como energías limpias. Se asume, por tanto, que el cambio no se produce debido a la falta de voluntad y/o a una voluntad perversa.

Y el problema de no identificar bien las causas es que imposibilita hallar y reivindicar soluciones. Rotar ciento ochenta grados la mirada y darle la palabra a la comunidad científica es el primer paso para, al menos, centrarse en las cuestiones relevantes. Y cuando el debate, el buen debate esté en la boca de todos, entonces será el momento de proponernos objetivos. Así quizá empecemos a tener claro que el apoyo -y no la crítica a la ciencia como un ente perverso- a la investigación pública es necesario para desarrollar un modelo energético más allá de la quimera, que evite la dependencia de una civilización basada en el oro negro, el exterminio étnico y la degradación sistemática del ecosistema terrestre.

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One Response

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  1. Dimi Papoulias
    Ene 23, 2015 - 03:17 PM

    Muy bien escrito. Desgraciadamente muchos articulos que tratan sobre este tema son poco diferenciados y; o glorifican la energía renovable o la condenan. La respuesta es más compleja, como ya habeis dicho.

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