Sobre los desahucios

“Indudablemente hay razones para formular graves acusaciones, pero el acusado es el género humano globalmente considerado” (Robert Weltsch en Summa Iniuria).

Si hubiese que definir con una palabra la época en la que vivimos elegiría, sin duda alguna,  Injusticia, la complejidad reside en buscar su verdadero origen.

Es improbable que exista una única causa, por ello voy a centrarme en una que, a mi juicio, es imprescindible explicar: la ausencia de valores absolutos y eternos. En la antigua Grecia sabían que para obtener un hombre justo era vital construir una Ciudad justa. La convicción de los griegos era constituir en ciencia la moral y la política, compartiendo un fin, el Bien. Por ello la política se medía con relación a la idea misma de Justicia, el Bien aplicado al comportamiento social.

La relativización de los valores ha creado dos instrumentos imprescindibles para la perpetuación de injusticias tan despreciables como los desahucios: el positivismo jurídico[1] y un aparato burocrático que actúa como una máquina, con precisión, continuidad y rigurosa subordinación.

Primeramente, el positivismo jurídico ha conseguido un hecho terrorífico que analizó Hannah Arendt en su libro de Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal,  “lo criminal desde el punto de vista axiológico externo se convirtió en lo legal desde el punto de vista normativo interno”.  El sometimiento ciego a la ley, indistintamente de si es justa o injusta, nos lleva a una complicidad pasiva con el verdugo. La obediencia, como es lógico, se refuerza desde las clases gobernantes imponiendo su realidad instalada en el Estado democrático de derecho, esto es, hacer creer que con depositar un simple voto es aclamar a la justicia. Si se intenta transgredir esta falacia, el gobierno recurrirá a la simple fuerza física, pues como dijo Max Weber, el Estado es quien posee el monopolio de la violencia legítima. Parece que es necesario señalar como una mayoría política, supuesta estabilidad política, contrae fortaleza, no justicia, de ahí la exigencia de cultivar el respeto a la justicia, no a la ley. Para acabar con este punto es indispensable subrayar como el positivismo jurídico y la realidad impuesta por el statu quo deforma el lenguaje a su imagen y semejanza. En los medios de comunicación, sobre todo en las tertulias o noticiarios de dudosa información, vemos que al hablar sobre la Ley Hipotecaria, no dilucidan si es justa o injusta, analizan únicamente si es constitucional, un orden dentro de la legalidad.

El segundo instrumento, el aparato burocrático, es una máquina que funciona a la perfección, la grasa que hace inviable posibles fricciones es una obediencia sustentada por una estricta jerarquía. La sumisión y acatamiento de órdenes hace que Ludwig von Mises, en una de sus obras, dé a entender que en la burocracia del Estado no hay reconocimiento de la realidad. Por ello “el funcionario no hace distinciones morales, sirven tanto al diablo, sin pretenderlo, como a Dios”[2].  Las actuaciones del burócrata profesional, más allá del bien y del mal, están encadenadas a su existencia material, su posición, por tanto, tiene naturaleza de deber. Esta jaula de hierro crea un cuerpo independiente de los cambios gubernamentales pero también un rebaño sumiso y dependiente del poder. La estricta subordinación a la normativa legal, a la jerarquía interna y el miedo a un proceso sancionador convierte a la masa que sirve al Estado en engranajes de una máquina, ¿Cómo se puede hablar de libertad o justicia mientras se considere al hombre como un factor más de producción, igualándonos a la madera o al acero?

Estas dos herramientas son esenciales para la ejecución de una ley criminal, amparada por un gobierno criminal, la Ley Hipotecaria. Burócratas, jueces y policías son algunas de las profesiones que contribuyen a esta ignominia. Lo más sorprendente, tal como extrajo Hannah Arendt en el juicio de Eichmann, es que estas personas, salvo casos excepcionales, no son sádicos, son peligrosamente normales. Son humanos deshumanizados por un Estado que les impone obediencia y ausencia de cualquier juicio moral.  En una sociedad educada, con valores eternos y con capacidad de discernir lo justo de lo injusto la conclusión que sacaríamos sería clara: las órdenes criminales no deben ser obedecidas.

[1] Corriente de pensamiento jurídico, cuya principal tesis es la separación conceptual de moral y derecho.

[2] Thoreau: Desobediencia civil

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)

UA-55908739-1