Sobre el Sector Privado en la Educación

Todos conocemos, aunque sea mínimamente, el recorrido histórico de la enseñanza en nuestro país. Desde las escuelas catedralicias, la Universidad de Salamanca, pasando por la Ley Moyano, la Institución Libre de Enseñanza, los años de la II República o el nuevo oscurantismo franquista, ha existido siempre un mismo conflicto entre la Iglesia y el Estado. El papel de la Iglesia hoy en día sigue siendo  muy importante en este sector (la nueva Ley Wert lo refuerza más todavía), sin embargo con la consolidación del capitalismo se ha ido abriendo paso cada vez más a un sector privado que pese a ir en ocasiones disfrazado de católico, busca una estabilidad y un beneficio económico fácil y cómodo dentro de la incertidumbre de la crisis.

Siempre me ha fascinado la bipolaridad de unos liberales que ven con recelo el sector público, pero que no dudan en servirse de él para su iniciativa privada. Hablan de libre elección, lo que traducido a un lenguaje estándar no es otra cosa que demandar al Estado desgravaciones fiscales o que se faciliten a nuestras familias ‘cheques’ para que todos puedan estudiar en este tipo de centros. Lo cierto es que no todos tienen el mismo acceso, pero sí consiguen que para muchos resulte igual de asequible (gracias a estas ayudas) llevar a sus hijos a una escuela que no sea de titularidad pública. Con estas ‘tarjetitas’, los empresarios que hablaban de libre elección consiguen forrarse a nuestra costa, con nuestro dinero, un dinero que podría haberse destinado a los centros estatales que sí garantizan el libre acceso, la igualdad y la integración. De nuevo, el sector privado se hace valer de una falacia para obtener una ayuda del Estado y con ella enriquecerse. Esta situación posibilita que en nuestro país menos del 70% del alumnado curse en E. Primaria y E. Secundaria en un centro público, dando amplios márgenes porcentuales a los centros privados y concertados para obtener beneficios y vivir de este persistente negocio.

Se están creando dos mundos paralelos, uno caracterizado por la personalización de la atención individualizada y otro por la masificación y la falta de financiación. En este nuevo contexto prima la mecanización y la competitividad, y si queremos que lleguen los “más preparados” tendremos que aceptar que tengan más puntos aquellos que han obtenido una mejor educación, que al final son los que han tenido mayores facilidades y sobre los que han estado más encima. Con la LOMCE solo llegaran “los mejores”, y lamentablemente estos pertenecen siempre a los estratos económicos más altos. El hijo del obrero no habla tres lenguas y no tiene por qué poder permitirse ayuda externa cuando alguna asignatura se le traba. Por otro lado, si vamos a las universidades vemos esa incompatibilidad real entre trabajo y estudio, tanto por la demanda de ese estudiante “a tiempo completo” como por el hecho de que para obtener una beca se tenga que aprobar el 90% de los créditos. Díganme si cuenta con las mismas oportunidades un estudiante que por lo que sea debe hacerse cargo, aunque sea de forma temporal, de un hermano pequeño… ¿Es realmente aceptable que este estudiante se quede sin ayudas por haber suspendido una asignatura?

Igual de vergonzosa resulta una privatización endógena que hace posible que nuestras universidades cuenten con vallas publicitarias, con carnet bibliotecario/tarjeta de crédito, sucursales bancarias, cafeterías privadas donde no te permiten ni siquiera conectar un puto enchufe o servicios de limpieza regalados a empresas afines que gastan lo mínimo y que encima pagan una miseria a sus empleados. Vergonzoso.

La estrategia privatizadora siempre es la misma, reducir el gasto del Estado, trasladándolo a las familias y posibilitando el enriquecimiento de ciertas empresas dentro de este capitalismo de amiguetes en el que se ha convertido España. La educación no es un negocio ni debe serlo, es más bien un derecho que se ha conquistado durante años y que arrastra millones de muertos. No permitamos que lo monopolicen y mucho menos que cotice en bolsa.

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