Sobre el conflicto catalán

Resulta complicado formular una solución al conflicto catalán después de lo que hemos presenciado estos días en el Parlamento de Cataluña. No se ha sabido gestionar el conflicto. Además, se ha permitido una polarización del debate sobre la cuestión territorial desde una óptica nacionalista, dividiéndose las opiniones principalmente entre quienes quieren una España unida y quienes consideran que la única solución para los problemas tanto económicos como políticos de Cataluña pasa por la proclamación de la independencia.

Es así como el debate que se ha librado se ha sostenido fundamentalmente sobre el clivaje nacionalista, siendo casi imposible para las fuerzas políticas catalanas adoptar un discurso político al margen de este problema. Asimismo, esa polarización ha dificultado la defensa de posturas intermedias como, por ejemplo, la de algunos sectores que se encuentran a favor del derecho a decidir, pero que no desean independizarse de España.

Posiblemente, antes del Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006, se podría haber discutido sobre otras vías que diesen una solución al conflicto catalán. Sin embargo, la agudeza de la crisis económica y el hecho de que el Gobierno central haya mantenido una postura férrea en contra de cualquier mecanismo que posibilite reflejar una mayoría independentista, ha provocado que la discusión se plantee en estos términos.

Si nos remitimos a los resultados electorales de las elecciones autonómicas de 2015, observamos que no existía una gran mayoría de catalanes que quisiese la independencia. Si sumamos el porcentaje de voto de las dos formaciones políticas que se postulaban claramente a favor, Junts pel Sí (39,59 %) y la CUP (8,21 %), obtenemos un 47,8 %  (porcentaje que no supone la mayoría del electorado) (Generalitat de Catalunya, 2015). Sin embargo, habría que preguntarse si la oposición del Gobierno central a que no decida el pueblo catalán ha aumentado dichos porcentajes, o si es válida la forma indirecta de conocer la opinión de la ciudadanía a través de unas elecciones “plebiscitarias”. Por no hablar de si para un tema tan relevante como el de dejar de formar parte de un Estado, debería decidirse solo por mayoría simple o si se requiere un porcentaje de apoyo más elevado.

Recurrir al ejército o al poder judicial para solucionar problemas de carácter político es un error. Como ya se ha planteado en el debate público: los problemas políticos requieren de soluciones políticas. Judicializar el conflicto catalán no va a permitir que se garantice la legitimidad democrática. Para que la democracia siga siendo plena tiene que respetarse el derecho a decidir, y también se deben respetar las vías legales que posibiliten que un referéndum  se celebre con unas mínimas garantías.

Por consiguiente, una solución a este conflicto podría haber pasado por la celebración de un referéndum  cuando lo demandaba una parte de la sociedad catalana hace ya unos años, y quizás se hubiesen obtenido unos resultados distintos a los de ahora, posicionándose la mayor parte de la ciudadanía en contra de la independencia porque considerase que en ese momento no era viable. Es solo una hipótesis, pero el recrudecimiento del conflicto plantea serias dudas sobre la posibilidad de pensar y reflexionar sobre otro modelo territorial en el que esté incluida Cataluña.

Que no se haya optado por el diálogo o por ofrecerle a Cataluña más competencias, ha dibujado dos posibilidades para terminar con el conflicto: la independencia o la inamovilidad sometiéndose a lo que dicte el Gobierno español. Si se opta por la primera, no dejará de ser una resolución del conflicto de carácter cortoplacista, ya que no se afrontarán otro tipo de problemas como son los de índole económica (cabe preguntarse cómo se solucionarán cuando ha habido un desmantelamiento del tejido industrial y no es una comunidad autónoma que destaque por su sector primario). Y si se opta por la segunda, seguirá existiendo un sentimiento nacionalista catalán que no encontrará su lugar en la actual configuración del Estado español.

En mi opinión, mientras se continúe hablando en términos nacionalistas y siga habiendo un cruce de acusaciones que dificulte el debate, no podrá plantearse una solución idónea al conflicto catalán, ni tampoco se podrá reflexionar sobre posturas que no estén de acuerdo con la independencia, pero que apuesten por otro modelo territorial, como aquella que defiende un Estado federal donde prevalezca el diálogo.

Irene Reina Sánchez (Mataró, 1993). Politóloga por la UGR. Interesada en el comportamiento político y la filosofía política.

Foto portada/RTVE

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