Saturno devorando a su hijo

En el principio de los tiempos surgió del vacío una materia más tenue y sutil que la luz; era la Madre de Todo lo Vivo, la primera emanación de la Mente cósmica, que albergaba en sí todo lo necesario para engendrar vida. De este modo explicaban las escuelas mistéricas el origen del Universo a sus iniciados, en una gran representación que se componía de tres actos. La Diosa Madre fue atacada por un abrasador viento seco que casi acaba con toda posibilidad de vida: el Señor de las Tinieblas. Tiene lugar un combate entre fuerzas titánicas enzarzadas que terminará por metamorfosear la Mente cósmica, convirtiéndola en el dios de Saturno.

En este acto, Saturno personifica el principio de la limitación, posibilitando el tránsito de la amorfia a la forma y permitiendo con ello la existencia de las cosas del Mundo. Gracias a Saturno hay en el Universo una ley de identidad que permite que algo exista, que sea lo que es y nada más pueda ser eso. Y si una entidad concreta puede existir, también puede dejar de hacerlo; por influencia de Saturno todo lo vivo contiene la semilla de su propio fin.

Es precisamente el mito de Saturno lo que vamos a tomar como matriz conceptual. Extraemos de ésta la relación dialéctica entre los dos elementos que incorpora, de los cuales podemos decir que: la fronterización como principio constituyente y fundamental de la existencia (elemento creador), nos traslada hasta Schmitt y su concepto de lo político, para el que la distinción específicamente política –y que por tanto permite la existencia de un objeto político– es aquella que se da en términos de amigo/enemigo. En esta distinción el enemigo es enemigo público y se configura como negación óntica del yo/amigo –lo cual predispone a la lucha en su sentido más directo, real y material–. Ahora bien, dadas las características propias del enemigo de Schmitt y en la medida en que se trata de una polarización que admite gradaciones, preferimos plantear esta división desde una perspectiva menos pura, adoptando la estructura nosotros/los otros, asumible en el marco de las relaciones democráticas y el Estado de derecho.

Pasando al segundo elemento de Saturno como figura teórica (elemento destructor), la vinculación que establecemos con Schmitt queda necesariamente intermediada por Derrida. Éste contempla la estructura ambigua de la palabra griega phármakon –que significa al mismo tiempo remedio y veneno–, y determina para ella que dar vida o dar muerte es tan solo una cuestión de dosis; en el acto de vacunarnos no hacemos otra cosa que inocularnos una parte de aquello que tratamos de expeler. Es por esta vía por la que el Estado de excepción en Schmitt encuentra encaje en la figura de Saturno, en tanto que implica la incorporación al ordenamiento jurídico, por parte del propio poder soberano, de la suspensión del Derecho para la conservación del Estado, con las contradicciones conceptuales que ello implica –suspensión del Derecho desde el propio Derecho o la garantía el Estado de Derecho a través de su interrupción–.

Como último apunte previo, y aterrizando ya sobre la cuestión que nos ocupa, esta matriz conceptual la aplicaremos sobre el Derecho entendido desde los preceptos de la sociología jurídica. Así, Albert Noguera insiste en el carácter ideológico del discurso jurídico moderno, en tanto que “produce-reproduce una determinada representación imaginaria de los hombres respecto de sí mismos y de sus relaciones con los demás” haciendo de los sistemas jurídicos  una “construcción socio-psicológica de una red de relaciones constituidas por dos elementos formales: normatividad y fuerza”.

Si en el Estado constitucional la Constitución es la expresión del orden social, el instrumento jurídico que se sitúa en la cúspide del ordenamiento y que establece los valores y bienes jurídicos relevantes, que el pueblo soberano ha decidido proteger a partir de un proceso de selección de base ideológica, y que por tanto nos dice quiénes somos nosotros en sentido amplio; el Código Penal, en tanto que Constitución en negativo –tal y como se desprende de la propia exposición de motivos de la LO 10/1995 del Código Penal–, entendemos que reúne aquellas conductas desvaloradas y que, en consecuencia, establece un otro constituido por quienes atacan los bienes jurídicos y valores comunes merecedores de protección, motivo por el cual el Estado está dotado de fuerza para intervenir y apartarlos de la sociedad –es este el caso de las penas privativas de libertad–. De los presos diría Foucault que sus cuerpos son obligados a significar la ley prohibitiva, pues esta constituye la esencia, el estilo y la necesidad de aquellos.

Así pues, partiendo de esta propuesta, que de manera simplificada responde al esquema “Constitución-nosotros/Código Penal-los otros”, entendemos que en las últimas décadas hemos asistido a una evolución en direcciones opuestas (de lógica coincidente) de ambos instrumentos jurídicos, de modo tal que nos permite afirmar que el Estado neoliberal únicamente es capaz de desarrollarse como Estado de excepción, donde el nosotros pierde centralidad, siendo desplazado por la figura del otro como el elemento nuclear de la construcción de identidad –lo cual necesariamente debe de hacerse en negativo, frente a [el otro]–. Veamos esto.

En lo que a la Constitución se refiere, cabe decir que el constitucionalismo social de posguerra ha sido vaciado de contenido en los términos que a continuación esbozamos[1]: 1) la institucionalización y juridificación fuerte de Europa que se da a partir del Acta Única Europea y se consolida con el Tratado de Maastricht pone fin al monopolio de producción normativa del Parlamento estatal, lo que da lugar a una nueva situación de pluralismo jurídico en la que coexisten diversos ordenamientos que se relacionan entre sí bajo el principio de libre competencia. Entre este pluralismo, la doctrina del TJUE ha afirmado de manera reiterada la prioridad del ordenamiento comunitario frente al interno de los Estados, lo cual supone una mutación del sistema de fuentes del Derecho que cimentaba el Estado social. 2) Esa superioridad del Derecho comunitario ha sido utilizada sistemáticamente para intervenir en la legislación social de los Estados, desmontando su razón social cuando ha implicado un obstáculo al desarrollo de los dos pilares de la UE, a saber: la libertad de circulación y el derecho a la libre competencia –movimiento observable en la jurisprudencia del TJUE–. Dado que un rasgo distintivo de este modelo constitucional es la aplicación material de la Constitución, una inaplicación de la Constitución del Estado social en sus supuestos básicos es equivalente a la negación de tal rasgo del modelo. 3) Por último, el constitucionalismo social de posguerra diseña los derechos como su centro axiológico y su núcleo esencial a partir del cual interpretar la Constitución. No obstante, la doctrina del TC ha asumido la razón económica de la UE[2], dando sentencias como la STC de 14 de mayo de 2015, en la que el Tribunal estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 6/2013, de 9 de abril de 2013, del gobierno de Andalucía de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, en la cual se establecían medidas antidesahucio y de garantía del derecho a la vivienda –lo cual queda claramente favorecido por unos derechos sociales no fundamentales, sujetos a un mecanismo débil de garantía–. Con todo, estamos en condiciones de afirmar que se ha dado un proceso de desconstitucionalización; como diría Carlos de Cabo, se ha aplicado la realidad de crisis del Estado social en lugar de la Constitución formal.

Suspendida de facto la Constitución del Estado social, encontramos una tendencia en la legislación penal[3] en dirección opuesta, de robustecimiento y progresivo endurecimiento, lo cual entronca con una narrativa que coloca el valor de la seguridad en el centro y acompañada por una creciente sensación de desorden e incertidumbre –en contraposición con la realidad criminalística–. Esto, al converger con una crisis de la ideología resocializadora, ha terminado por degenerar en un nuevo subsistema penal que podemos identificar como Derecho penal del enemigo[4].

Muy brevemente, señalamos los elementos más relevantes que han sido objeto de incorporación en las legislaciones penales europeas mediante sucesivas reformas: 1) en el plano legislativo, las leyes antiterroristas han sido modificadas en abierta contradicción con los principios de intervención mínima y proporcionalidad. Ejemplo de ello es la figura de apología del terrorismo, que es contemplada por primera vez en el ordenamiento del Estado español en 1979, presente en un Real Decreto Legislativo, y escala en relevancia hasta llegar, en el año 2000, al propio Código Penal[5]. 2) En materia procesal, encontramos reformas encaminadas hacia la adopción de un perfil garantista bajo de la legislación penal. Se generalizan ejemplos como la posibilidad de mantener incomunicados a los detenidos, la restricción del derecho a la defensa prohibiendo la elección de un abogado de confianza, las ampliaciones reiteradas de la posibilidad de imponer medidas como la prisión preventiva o la legalización de la práctica de los arrepentimientos. 3) Orgánicamente se han creado cuerpos policiales de élite, paramilitarizados y que operan con un amplio margen de impunidad, al tiempo que 4) la realidad penitenciaria ha incorporado medidas como la creación de cárceles especiales y de máxima seguridad y prácticas de dispersión y traslado de presos, evitando con ello la socialización, lo cual es la materialización del abandono de la finalidad resocializadora de la pena.

Volvemos a Saturno. En esta tesitura, los dos elementos (creador y destructor) que señalábamos al principio han sido sometidos a renovados procesos dialécticos internos, duplicando los espacios en tensión, que ahora se dan también en el interior de aquellos. De este modo:

  • El elemento creador, de estructura nosotros/los otros, quiebra su equilibrio y su lógica es desplazada a un nuevo esquema que responde al patrón más puramente schmittiano de amigo/enemigo en el cual los dos componentes no mantienen una relación simétrica; contrariamente, es el enemigo el que adquiere una posición dominante. Este enemigo que de forma paradigmática es el terrorista, pero incluye también al inmigrante irregular o al narcotraficante, y goza de elasticidad suficiente para poder llegar a incorporar al adversario político, es de carácter difuso, de comportamiento nómada y de especial peligrosidad. Como enemigo, queda desprovisto del estatuto de ciudadano y de persona, por lo que puede ser sometido a condiciones impropias en un Estado de Derecho. Es desde esta razón en negativo desde la cual se cohesiona y reordena la sociedad, un efecto, por otro lado, muy típico de los momentos de movilización total bélica. Por tanto, el elemento creador encuentra en el enemigo su foco central, con la fuerza destructiva que éste supone.
  • Del elemento destructor, de Estado de excepción, cabe decir que las medidas que en un momento se tomaron de manera extraordinaria, para enfrentar el fenómeno del terrorismo transnacional, se perpetúan en el tiempo, se generalizan, se institucionalizan y se asumen socialmente como compatibles con el Estado de derecho. La normalización de la excepcionalidad, que es una contradicción en sus propios términos, únicamente puede ser entendida en tanto que dotada de carácter constituyente, por lo que ésta estaría dando lugar a un proceso más creativo que destructor, de reordenación sistémica.

Extraemos de todo esto que el Estado neoliberal tan solo ha sido capaz de instalarse asumiendo previamente la contradicción que supone difuminar los límites entre la creación y la destrucción; afirmándose desde la negación y normalizando la excepción.

[1] Para un análisis en detalle ver:

  • De Cabo, C. (1986): La crisis del Estado social. Barcelona: PPU
  • Guamán, A. y Noguera, A. (2014): Derechos sociales, integración económica y medidas de austeridad: la UE contra el constitucionalismo social. España: Bomarzo

[2] Las razones social de los Estados (posible porque una de las bases axiológicas del constitucionalismo social de posguerra es la existencia del pacto social) y la económica de la UE (cuyo origen está preñado de motivos meramente económicos y carece, al mismo tiempo, de pacto social) se pudieron mantener en equilibrio mientras la UE gozaba de una institucionalización y juridificación débil. Al fortalecerse, este equilibrio se quiebra, posibilitando la huida del derecho social interno de los Estados miembros.

[3] Para un análisis en detalle ver:

  • Silva, J. M. (1999): La expansión del Derecho penal: aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales. Madrid: Civitas
  • Brandariz, J.A. (2007): Política criminal de la exclusión: el sistema penal en tiempos de declive del Estado social y de crisis del Estado-Nación. Granada: Comares

[4] Término propuesto por el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Bonn, Günther Jakobs, a partir de la distinción entre Derecho penal del ciudadano (bürgerstrafrecht) y Derecho penal del enemigo (feindstrafrecht). Este último consiste en “la amplia anticipación de la protección penal. Un cambio de perspectiva del hecho pasado a uno venidero; la ausencia de una reducción de la pena correspondiente a tal anticipación; el tránsito de la legislación jurídica penal a la legislación de la lucha; y el socavamiento de garantías procesales” ( Silva J. M. en referencia a Jakobs)

[5] La gravedad de ello radica en la porosidad del concepto de terrorismo y la potencial expansión difusa en la aplicación de la figura de apología. Casos que conoció la Audiencia Nacional, como el de Cassandra Vera o César Strawberry, son consecuencia directa del incremento de la importancia de esta figura.

Foto portada/ariascanetecomiendo.tumblr.com

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)

UA-55908739-1