Políticas de RRHH en los ayuntamientos. ¿Quién, por qué y para qué?

En su libro “La administración pública del futuro: horizonte 2050” (2017) Carles Ramió es capaz de señalar las consecuencias nefastas del predominio del neoliberalismo que ha golpeado a las administraciones públicas en las últimas décadas y al mismo tiempo, de defender la colaboración público-privada en la gestión de las administraciones siempre orientada a la búsqueda de una mayor eficacia y eficiencia. Ramió nos habla de un modelo “buroempresarial” que sea capaz de retener lo mejor de nuestro actual modelo burocrático weberiano (conservando las garantías que ofrecen los procedimientos) y al mismo tiempo, de incorporar elementos propios del sector privado que generen mayor flexibilidad y herramientas de gestión que aporten eficiencia (por ejemplo, una selección de personal mucho más profesional).

En este artículo nos centraremos en uno de los elementos propios del sector empresarial que nuestras administraciones locales todavía no han sido capaces de incorporar y añadir a su anquilosado funcionamiento interno: la política de recursos humanos.

La primera pregunta que debemos hacernos parece evidente, si en la empresa privada el responsable de recursos humanos suele ser el director de recursos humanos, ¿quién ocupa este papel en la administración pública, y especialmente en la administración pública local? Javier Cuenca en “La  profesionalización de la dirección de recursos humanos en los gobiernos locales españoles” (2011) señala la evolución legislativa en materia de la atribución de responsabilidades de gestión de personal en los Ayuntamientos. Esta evolución supone de facto una paulatina retirada de las competencias en gestión de personal a los funcionarios de los Ayuntamientos en beneficio de los políticos. La Ley de Bases de Régimen Local de 1985 otorga la responsabilidad directiva de los recursos humanos al alcalde, en su calidad de “jefe superior de personal”. Como dice Cuenca “la reforma propició la politización estructural en la gestión del sistema”. Las consecuencias de esta politización son bien conocidas. En “Organizando el leviatán” (2018) Lapuente y Dahlstrom señalan que la separación entre las carreras de funcionarios y políticos, permite una mayor eficacia y eficiencia en la gestión pública y contribuye a evitar casos de corrupción y de clientelismo. Que quienes desempeñan una función que requiere de importantes competencias técnicas sean cargos políticos, no parece la mejor forma de garantizar esta separación.

Por tanto, nuestras administraciones no disponen (o al menos no normativamente) de una dirección de recursos humanos profesional pero, ¿es necesaria una política de recursos humanos en un Ayuntamiento? ¿Acaso no basta con el cumplimiento de unos procedimientos de selección,  de retribución y de gestión ya establecidas en las normas y en las Relaciones de Puestos de Trabajo?

En un estudio realizado sobre una muestra de 85 ayuntamientos españoles de más de 20000 habitantes Aragón y Segura (2013) concluyen que, si bien la existencia de políticas de recursos humanos de selección y retribución no genera ningún impacto significativo (tal vez porque son prácticas muy reguladas) una planificación y una gestión profesional de las políticas que afectan al personal sí supone mejoras notables. Así, señalan que “los Ayuntamientos que forman a sus empleados de forma habitual y continua consiguen aumentar la capacidad de los mismos…2 de las prácticas de recursos humanos que menos implantadas se encuentran en los Ayuntamientos, el desarrollo de la carrera profesional y la evaluación del rendimiento orientada a la mejora y al desarrollo profesional, son las que más favorablemente influyen en los resultados”.

En definitiva, lo que parece palmario es que todavía queda mucho camino por recorrer en la regulación de la política de recursos humanos en las entidades locales. El modelo actual nos aleja de una gestión de personal verdaderamente profesional que persiga la eficiencia y la eficacia. En el debate público se siguen priorizando las políticas sectoriales que se impulsan desde las administraciones pero, paradójicamente, se habla muy poco de cómo podemos tener mejores administraciones.

Una de las pocas certezas que podemos manejar inmersos en este cambio de época es que en el pasado, en el presente y en el futuro inmediato seguirán existiendo los Estados, y por tanto, las Administraciones Públicas. Como decía Tony Judt, puesto que no parece que vayamos a poder vivir sin Estado deberíamos empezar a plantear qué tipo de Estado queremos. Algunos hablan de un mundo cada vez más “glocal”, con un peso mayor de los gobiernos multinivel pero también de los gobiernos locales en detrimento de la soberanía de los Estados-Nación que han conformado las democracias liberales en el último siglo. Quienes creen en lo público, deben ser los primeros en buscar las formas de “relegitimarlo” y en ese cometido, una gestión mejor valorada por los ciudadanos debería ser uno de los objetivos a perseguir.

Foto portada/lancelotdigital

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