Pobreza y reforma constitucional

Con el objetivo de promover una mayor conciencia sobre la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia en todo el mundo, cada año el 17 de octubre, se celebra el Día internacional para la erradicación de la pobreza. La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció esta fecha para recordar una multitudinaria manifestación que tuvo lugar ese mismo día el año 1987, donde más de 100.000 personas se reunieron en la plaza del Trocadero de París para defender los Derechos Humanos y dar voz a las víctimas de la pobreza. Este año bajo el lema «Construir un futuro sostenible: unirnos para poner fin a la pobreza y a la discriminación» ha sido la primera celebración tras ser aprobada la nueva agenda para el desarrollo de la Asamblea General. De esta han salido 17 objetivos de desarrollo sostenible entre los que encontramos el fin de la pobreza, la igualdad de género, el trabajo decente y el crecimiento económico o la acción por el clima. Este año por lo tanto la fecha tomaba un significado especial.

En el marco de dicha celebración la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) presentó hace unos días su V Informe El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2009-2014. El informe nos muestra una tendencia positiva al empobrecimiento y un aumento en la fractura social desde 2009 que alcanza su clímax en 2014 con un 29,2% de la población en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Hablamos de 13.657.232 personas, lo que equivaldría a los habitantes de Zimbabue y superaría la población de países como Bélgica, Túnez o Cuba. Sabiendo que los datos que en dicho informe se nos remiten a la ciudadanía nos sitúan a la cola de Europa, no es de extrañar que nuestros representantes públicos y/o aspirantes a serlo en este año electoral hubiesen declarado su preocupación por el tema, hubiesen participado notoriamente en las conferencias, talleres y manifestaciones que se sucedieron en todo el territorio del Estado o como mínimo hubiesen hecho gala de su interés por invertir la dramática tendencia. Fueron los menos. Tampoco los mass media que prefirieron hablar de los fichajes del PSOE, de Artur Mas o de cómo le duele Venezuela a Gustavo Jiménez de Cisneros, dueño de 80 compañías en todo el mundo y amigo de personalidades como Juan Carlos I de España, Felipe González, Julio Iglesias y Los del Río, y que con todo lleva humildemente un reloj de 45 euros.

Me habría gustado que mi artículo se limitase a exigir que se trasladase la pobreza al debate, pero esto hubiese sido remar a contracorriente en una sociedad cada vez más pegada a la agenda-setting y a su frustrante establecimiento periodístico de temas de discusión. Es por eso que para ser leído me sumo a un tema que quizás interese más al posible lector, la reforma constitucional, con el deseo de que como mínimo aquel que esté interesado en dicha labor no olvide la necesidad de que si esta se llevase a cabo se blinden nuestros derechos, garantizando que los derechos económicos, sociales y culturales, a los que hoy podríamos considerar derechos de segunda, pasen a ser igualmente considerados como el derecho a la vida o a la libertad. Derechos como la vivienda, la salud o el derecho a un medio ambiente saludable merecen dicho reconocimiento. Con dicha afirmación no hago otra cosa que defender que como en el derecho internacional se postula, todos los derechos humanos sean igualmente reconocidos, sin distinciones, como por desgracia ocurre en nuestra Constitución Española.

Según Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón el responsable de que unos derechos estén más protegidos que otros no es otro que el Artículo 53, con lo que para evitar que se siga rompiendo el equilibrio entre unos derechos y otros es necesaria una reforma de la Constitución que modifique profundamente dicho artículo y que además amplíe la Carta Magna incluyendo el derecho a la Renta Básica y la obligación de llevar a cabo una política para el desarrollo y una vigía de nuestras empresas para comprobar que estas respetan en el extranjero los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Dichas ONG’s nos hablan además de garantizar el principio de ‘no regresividad’ y de la necesidad de que exista una financiación suficiente para hacer cumplir nuestros derechos con independencia del contexto económico. Con todo esto me sumo a sus demandas y aporto mi pequeño grano de arena.

www.blindatusderechos.org

Foto principal: Extraída de eldiario.es

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