¡Oh vosotros los que votáis, abandonad toda esperanza!

La Constitución Española de 1978, recoge un amplio catálogo de derechos y libertades entre los que se encuentra el derecho de participación política. Así, en su artículo 23.1, la norma fundamental del ordenamiento jurídico y con superioridad jerárquica sobre el resto de normas señala lo siguiente: “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”.

En las democracias representativas la participación política puede expresarse a través de un amplio abanico de instrumentos y canales. De entro ellos, la vía electoral es la más habitual y la que menor coste entraña para quien la ejerce. Además, también tiene la particularidad de tener un acceso en condiciones de igualdad para el conjunto de la ciudadanía, sin mediar ningún tipo de discriminación más allá de la mayoría de edad y, en algunos casos, de nacionalidad.

El elemento fundamental de la participación electoral es el voto, tanto que en ocasiones se puede sustituir un concepto por el otro. El acto último que supone la emisión del voto por parte del elector viene influido y condicionado por una serie de factores que van desde la posición social (edad, origen social, confesión etc.), los valores políticos (ideología, sentimiento nacional) y el contexto electoral (sistema político e institucional, candidatos). Es por ello que, los electores y las electoras, han de condensar en un solo acto decisorio toda una serie de preferencias según la ponderación cualitativa que hagan de ella.

De este acto participativo expresado a través del voto se derivan varias de las funciones asociadas a las convocatorias electorales: la formación de gobiernos, la producción de legitimidad y la producción de representación.

La primera de las funciones parece fuera de toda duda. A través de las elecciones se elige a unos representantes que formarán parte del poder legislativo. Éstos, a su vez, deberán escoger por las mayorías estipuladas al candidato que presente su programa de gobierno en la sesión de investidura. Una vez investido, el candidato o la candidata tienen la potestad de nombrar a su equipo de gobierno.

Ahora bien, las otras dos merecen, a mi entender, un análisis crítico. En lo que a la legitimidad se refiere, los Parlamentos y sus representantes tienen, en origen, un claro sustento en la expresión y titularidad popular del voto. Algo parecido pasa con la función representativa. Los y las miembros de las candidaturas que han obtenido un escaño, se les ha de suponer que viene a representar lo que en sus programas electorales han venido defendiendo. Pero se sabe que esto es, habitualmente, mucho suponer. Es por eso que la crítica a la legitimidad-representación van a ir de la mano en las siguientes líneas.

Así, volviendo a la Constitución, en su artículo 6 señala: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Por otro lado, en su artículo 67.2 dice que: “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”.

Pues bien, y aquí el núcleo central de la crítica a las funciones representativa y de legitimidad, la estructura interna y el funcionamiento de los partidos, pese a los avances en los últimos años en la participación y control interno, no atienden a criterios democráticos. Las decisiones fundamentales (línea política, selección de élites, acción legislativa) se concentran en muy pocas personas, la ley de hierro de las oligarquías de la que habla Robert Michels, dejando a un lado los mecanismos demoráticos y de mayorías, más allá del nivel y la cantidad deliberativa del debate (si lo hubiere).

Cuando se habla de no estar ligados por mandato imperativo, se hace referencia al vínculo entre votante-representante. Pero hay que remarcar que, de facto sí que hay un mando imperativo, el que se da entre partido y representante. ¿Qué lleva a realizar esta afirmación? Esta sentencia se deriva del funcionamiento escasamente democrático de los partidos políticos. Una de las funciones señaladas, la de selección de élites (traducida en confección de listas electorales o reparto de puestos orgánicos o de confianza), ata al representante al partido. Esto es, su compromiso (que debiera ser con un programa votado por los electores) está en lo que marque una cúpula. Básicamente porque los votantes de un partido tienen muy poca o nula influencia. En cambio, el representante que no obedezca la línea de la oligarquía de partido sabe que lo tendrá muy complicado o imposible, para repetir en unas listas mientras el equipo dirigente sea el mismo.

Es aquí donde está la posibilidad de quiebra de las funciones representativa y de legitimidad. Hemos visto demasiados casos en los que la acción de gobierno y lo prometido en los respectivos programas electorales no se ajustan en absoluto. ¿De qué representación hablamos pues? ¿Qué legitimidad se tiene para hacer lo contrario de lo que se ha dicho y que es lo que, en gran medida, ha llevado a obtener los votos?

La realidad es que los y las votantes no tienen ningún instrumento efectiv, entre convocatorias electorales, para impugnar las acciones que no se ajusten al “contrato” que debiera suponer el programa electoral.

Lo hemos visto recientemente. Partidos que se presentan negando alianzas postelectorales con otros partidos y que, finalmente, votan a favor o se abstienen en investiduras. Partidos que llevan a cabo programas legislativos que en poco o nada se asemejan a lo que sus supuestos valores propugnan.

Pero digo más, en la primera función de formación de gobiernos por la que he pasado de puntillas anteriormente. Lo estamos viendo en Catalunya. Un Parlament escogido democráticamente que escoge en la investidura a un President pero al que no se le permite realizar su función de elección de equipo de gobierno.

¿De qué y para qué vale entonces el voto de los ciudadanos y las ciudadanas?

Por eso, en referencia al título de este artículo tomando la construcción de Dante en la Divina Comedia en las puertas del infierno: “Oh vosotros los que votáis, abandonad toda esperanza.”

Foto portada/mirahechosyrealidades.mx

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