Mi vieja amiga la agricultura

Aunque la agricultura en el territorio del Estado no representa más del 3% del PIB y apenas el 5% del empleo, sus connotaciones en el espacio son superiores a las de cualquier otra actividad económica. De esta manera, la economía española dedica más de 25 millones de hectáreas a la producción de vegetales, sirviéndose de una gran variedad de climas favorables que le permiten obtener una mercancía diversa y valiosa.
Se podría decir que el territorio español ha aprovechado sus ventajas comparativas -la temperatura y la cantidad de suelo aprovechable- para especializarse, y lo ha hecho a lo largo de una historia donde el feudalismo ha estado presente hasta hace muy poco -los regímenes de tenencia, no obstante, varían a lo largo y ancho del territorio-. La crisis rural -terminología que define un paradigma ya muy alargado en el tiempo- que parecía ser la consecuencia de una fractura económica en los mercados, parece hoy cada vez más tener una connotación estructural que se deriva de las transiciones demográficas, a las que se considera como fenómenos socioeconómicos y culturales ligados al desarrollo capitalista que buscan constantemente la sustitución de las actividades obsoletas por otras de mayor valor añadido siguiendo así la lógica dominante.

En este caso, esa agricultura excepcional y exótica, como la calificaron nuestros compradores europeos durante los siglos XIX y principios del XX -no hemos de olvidar que el primer trazado comercial de la naranja siguió el eje Cullera-París- parece haber perdido la capacidad si quiera de generar rentas humildes. Asegurarse un jornal entero en zonas de agricultura familiar parece imposible, tanto como generar puestos de trabajo en los grandes latifundios, donde la mecanización ya no requiere de mano de obra ni si quiera -a veces- para la recogida del fruto, para lo que ya se han inventado las grandes vibradoras-recolectoras, capaces de cumplir con más eficacia y rentabilidad que la fuerza de trabajo humana. La primera barrera, pues, para la supervivencia de la agricultura como actividad importante es la del cambio estructural en el propio tejido productivo y la intensificación en capital tecnológico resultado de un conjunto de cambios históricos y socioeconómicos comunes a las sociedades que se desarrollan en lo económico entendido en términos crematísticos -que aumentan la renta per cápita- y en lo social, en lo que se refiere al Estado de Bienestar. agricultura

A esa crisis estructural de pérdida progresiva de valor del factor de producción que es lo que en realidad es el suelo -la tierra-, hemos de unirle la infravaloración por parte de la actividad agrícola del consumo de agua, de la denominada huella hídrica. Hemos de tener en cuenta que la actividad agrícola que mejor funciona es la que aprovecha el clima mediterráneo, las grandísimas inversiones en obras hidráulicas de captación de agua -a fin de aumentar el caudal disponible para uso agrícola, industrial o doméstico- como presas, azudes o canalizaciones y las campañas de regadíos financiadas por la res pública. Toda una inversión que evidentemente no debería de ser reclamada a los jornaleros del campo -quizá sí a algunos de sus grandes propietarios-, pero que sí debería de haber sido suficiente para conservar la productividad agrícola. Esta política subvencionista que ha camuflado el precio real del agua -y lo que supone su captación, transporte y mantenimiento- ha desarrollado comportamientos similares a los que se describen en la paradoja de Hardin o “tragedia de los comunes”, donde los agentes económicos que hacen uso de un bien común apuestan por el máximo beneficio en detrimento de un menor riesgo. Y todo esto enmarcado en una segunda vía subvencionista proveniente de la UE, la famosa PAC -la cual justo ahora está siendo llevada a debate por los foros sectoriales del Estado- que inyecta de forma directa -y muy mal modulada, otorgando grandes sumas de dinero a propietarios ricos, con grandes superficies de tierra- una cantidad considerable de las rentas de la agricultura familiar.

Y pese a todo, de nuevo de forma paradójica, también ha sido la falta de intervención pública, la escasez en el control de pozos ilegales y de las figurales legales de protección de las masas de agua -que a veces están en situación de res nullis-, el mal desarrollo de los planes de las demarcaciones hidrográficas, la falta de transparencia -también por parte de los ayuntamientos- y la cesión de la gestión a manos privadas lo que ha reforzado dichos comportamientos ilícitos. Y si el sector agrícola, que supone entre un 60% y un 80% -dependiendo de la metodología utilizada en el cálculo de la huella hidrológica- del consumo total de agua, se comporta de manera insostenible, entonces también tenemos un grave problema ecosistémico que a fin último repercute en una disminución de la cantidad y la calidad del agua y de su potencial como recurso, de manera que la brecha entre el precio pagado por el agricultor y el valor real del agua -que debería de calcularse con la relación de su valor de uso y su capacidad de renovación, es decir, su disponibilidad- se agrandaría. Y al igual que una sobrevaloración de un recurso considerado como mercancía como es el suelo produjo una burbuja como la que derivó en la crisis del 2008 la infravaloración del agua se convierte en un agujero, en la segunda traba -después de la irremediable transición económica y de sustitución de unas actividades por otras, impulsada en parte por el avance científico- para la supervivencia del sector primario.

Como vemos, es difícil aplicar una fórmula para adecuar la esfera de la economía, del metabolismo hídrico en este caso, a la capacidad real de regeneración de los recursos hídricos sin desestabilizar por completo un sector tan débil y dependiente de la volatilidad del mercado como es el agrícola. Evidentemente, la tan reclamada reforma agrícola seria un primer paso hacia la eliminación de las estructuras de propiedad ancestrales y latifundistas, pero propondría retos a un cooperativismo aún en estado embrionario que habría de ser capaz de elaborar formas de gestión comunitarias y economías de escala. La adaptación del precio del agua a su valor real aumentaría aún más los costes de producción de los vegetales, costes que deberían de ser paliados por tecnologías que aumentasen la eficacia, lo que de nuevo requeriría tanto de la implementación de buenas prácticas como de la capacidad del cooperativismo -u otras formas de gestión colectiva no estatal- para adquirir tecnologías de riego y manejo del agua. Evidentemente, este conjunto de cambios en la estructura de la propiedad y de estímulos a otras formas de gestión requerirían grandes inversiones públicas, principalmente en I+D+i, y la implementación de fuertes campañas de manejo colectivo del recurso.

Y todo esto, como siempre, requiere de voluntad política y mucho diálogo con los agricultores y los demás actores interesados. Algo que les pertoca a los ayuntamientos -al poder local- que han de ser conscientes de la responsabilidad que tienen en la creación de espacios de debate e información sobre los recursos del territorio y las presiones a las que es sometido este. También son los que han de lidiar con una multitud de intereses de toda índole, a los que se han de sumar los intereses de la gestión de agua en núcleos urbanos o los grandes lobbies agrícolas que se crean en las zonas rurales donde aún existe una importante actividad agrícola. Y es difícil.

Sumada a la crisis agrícola la crisis de gobernabilidad sobre las zonas rurales, nos queda aún la crisis global en la que estamos inmersos y que, también por su caracter estructural, parece poco mitigable. En vistas de un futuro inmediato lejos de los cauces del socialismo, creo que pronto nos enfrentaremos ante un grave problema de desarticulación y polarización territorial que se sumará a la crisis ecosistémica. Y en esto el agua, como en todo, tendrá un papel muy importante, que determinará tanto la supervivencia de la actividad agrícola como sector capaz de generar rentas como la rentabilidad de otros sectores que la utilizan en su proceso de producción. De todas maneras, la cuestión final es si en algún momento llegaremos a un estadio donde sean los límites del recurso los que establezcan un marco -y unos límites- al desarrollo o si, por contra, el acuífero quedará seco en un imposible intento de adaptación a una economía galopante que, aún en crisis, hace ya mucho tiempo que superó los límites de velocidad.

Per Manel Bernete. Endèmic de l’Horta Sud i propagant-me cap a la Capi. Militant de l’esquerra del País Valencià -així, en abstracte- i afiliat al club de la Guillotina. En defensa del territori.
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