¿Independence Day or Brexit Day? Una historia antigua, con un final inesperado.

Alrededor de la 1 del mediodía de este miércoles, hora continental, el embajador británico en la Unión Europea entregó la carta con la petición para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Este intercambio histórico entre Tim Barrow (UK) y Donald Tusk (UE), supone la mayor amenaza hasta la fecha para la viabilidad de la Unión Europea como estructura política supranacional hegemónica en el continente. El proceso de negociación, y los cambios políticos que se experimenten, tendrán una influencia más amplia y duradera de la que reconoce el discurso oficial.

Reino Unido se incorporó a la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1973, junto a Irlanda y Dinamarca. En ese tiempo la economía de Reino Unido se encontraba estancada, debido a la desindustrialización y a la pérdida de influencia sobre sus antiguos territorios en la Commonwealth. Ya en 1960, el gobierno británico había intentado negociar su adhesión a la CCE en dos ocasiones, pero estas negociaciones fueron boicoteadas por el general De Gaulle (escéptico sobre el pasado aislacionista y atlantista de Reino Unido). Curiosamente fueron los conservadores, liderados entonces por Edward Heath, los que consiguieron cerrar el tratado de adhesión.

La primera reacción contra la membresía de Reino Unido en la Unión Europea se produjo ese mismo año, cuando al estallar la crisis mundial del petróleo, la clase política británica se dividió entre los que veían Europa como la balsa de salvación, y los que la consideraban culpable de estar limitando su capacidad de maniobrar ante la crisis (invocando en su lugar el recuerdo de su gloria imperial, y la independencia de la que habían gozado entonces). En 1974, el partido laborista retornó al poder e impulsó un referéndum sobre la pertenencia a la CCE, con la intención de resolver la división interna en su partido y entre su electorado. Los euroescépticos, conservadores y laboristas, perdieron el referéndum, pero siguieron argumentando que se había chantajeado al electorado al destacar en plena crisis las ventajas económicas de permanecer en el Mercado Común (reducción de los precios, reducción del desempleo, aumento de las exportaciones, etc.)  mientras se silenciaba el debate sobre la pérdida de soberanía.

Durante los años 80 y el Thatcherismo, líderes políticos favorables a la pertenencia a la CCE comenzaron a desplegar discursos en contra de la integración económica y política en el continente. Arrancar tratos privilegiados en las negociaciones, y generar una imagen de cierto antagonismo con Bruselas, fueron estrategias recurrentes para rentabilizar la poca influencia que Reino Unido tenía sobre el diseño del proyecto europeo original, convirtiendo este escenario en un espacio en el que los líderes británicos podían lucir músculo y proyectar imágenes de fuerza en clave nacional sin correr mayores riesgos (dado que en lo fundamental, y en sus oficinas en el continente, seguían manteniendo una relación cordial y de colaboración con el proyecto europeo). Para una facción del conservadurismo, sin embargo, el discurso contra el “Gran Gobierno Europeo” y sus “imposiciones regulatorias” (en cuestiones de política medioambiental, o calidad de las manufacturas) se enquista como un grave problema ideológico a partir del Tratado de Maastricht a partir de 1993.

Este problema ideológico se agravará a partir de 1997 con el gobierno laborista de Tony Blair, que renegocia mayor integración de Reino Unido en las estructuras de la Unión Europea, y se destaca por mantener un discurso abiertamente europeísta (pese a seguir escenificando confrontación con el Gran Gobierno Europeo en periodos preelectorales). El euroescepticismo como sentimiento político del “nacionalismo británico” sigue ocupando una parcela relevante (aunque minoritaria) en el día a día de la política británica durante este periodo; esto puede verse, entre otras cosas, en la presencia marginal del partido UKIP entre su fundación en 1991 y su primera presencia mediática en 2013. Durante este mismo periodo, tanto laboristas como conservadores siguen defendiendo en sus discursos públicos el uso de capital humano inmigrante (en el sector agrario, pero también el tecnológico, en los servicios y en el ámbito académico) como un estímulo positivo para el desarrollo económico del país.

El año 2004, visto en retrospectiva, puede ser considerado un punto de inflexión en esta historia. Tony Blair había orquestado con Bush la invasión de Irak en 2003, y negociaba con otros miembros de la Unión Europea la expansión hacia el Este – incluyendo 10 nuevos miembros, 8 de los cuales formaron parte del área de influencia soviética – Este doble movimiento supuso el alejamiento diplomático de Francia y Alemania como aliados europeos (contrarios a la invasión de Irak), y la popularización del discurso xenófobo contra “el fontanero polaco” y otros arquetipos de la mano de obra barata que pondría en peligro el trabajo nacional. Este discurso xenófobo caló entre los movimientos sindicalistas tradicionales – que veían en la llegada de trabajadores migrantes, con los mismos derechos laborales, una amenaza a las condiciones de trabajo, y tardaron mucho tiempo en querer integrarlos en sus estructuras – y entre los movimientos euroescépticos, que podían por fin señalar una ley con impacto social que debía acomodarse a los marcos legales europeos. Este discurso arraigó en Reino Unido por la tradición euroescéptica en ambos partidos mayoritarios, y por su funcionalidad a la hora de atacar la gestión política de Blair.

Durante este periodo miles de ciudadanos británicos también emigraron hacia Europa continental, tanto para ocupar trabajos bien remunerados en el exterior, como para establecerse en colonias residenciales a lo largo de las costas mediterráneas. Sin embargo, la imagen de la presión de los inmigrantes legales sobre el sistema educativo, el mercado de trabajo o los alquileres, y la acusación constante de ser un país que había vendido sus fronteras, provocaron que los sucesivos gobiernos después de Blair endureciesen periódicamente las condiciones para conseguir residencia legal y acceso a servicios públicos por parte de los inmigrantes. Dado que la Corte Penal Europea frecuentemente invalidaba las trabas contra ciudadanos y residentes de origen europeo, la legislación británica siguió ensañándose para reducir el número de residentes de origen no-europeo (incluyendo a miembros de la Commonwealth, que ya no gozan de un trato preferente, pero también a canadienses, estadounidenses o australianos).

La presidencia del laborista Gordon Brown vino marcada por la reacción ante la crisis de 2008, el endurecimiento de las leyes anti-inmigración, y la competencia contra el anti-europeísmo “a la carta” de David Cameron (candidato conservador) y el anti-europeísmo visceral de Nigel Farage (europarlamentario desde 1999, y líder intermitente de UKIP). Este último se vio favorecido por las circunstancias sociales derivadas de la crisis económica, aprovechando su discurso anti-elitista y antieuropeo para ganar visibilidad y espacio en las elecciones locales y al parlamento europeo. Entre las reacciones de Brown, estuvo la negociación en 2009 de exenciones especiales para Reino Unido en el tratado de Lisboa, incluyendo la exención de la Carta de los Derechos Humanos Fundamentales de la Unión Europea, así como más flexibilidad en asuntos judiciales o el derecho a establecer moratorias sobre algunas decisiones adoptadas por la Unión.

La presidencia de Cameron debería haber sido una continuación en este sentido, en la que el gobierno usaría su posición privilegiada para arrancar pequeñas victorias a la Unión en periodos electorales, pero seguiría negociando en todo lo fundamental. Una parte del público conservador británico, beneficiándose del altavoz que representaba UKIP, quiso llevar la posición del gobierno hacia estrategias más definitivas. La gestión de la crisis europea, incluida la regulación fiscal de 2011, suponía la creación instituciones europeas más definidas y regulaciones menos flexibles de ser adoptadas “a la carta”. La decisión de Cameron de votar contra la regulación fiscal si no excluía los negocios bancarios en Londres, provocó malestar entre otros miembros de la Unión – en especial los nuevos 10 miembros, que Tony Blair había aceptado originalmente como aliados, y a los que no los gobiernos posteriores habían dejado de ofender – llegando incluso a cuestionar si Reino Unido debería seguir siendo, o no, un miembro de pleno derecho de la Unión.

El discurso anti-europeísta y la tensión fueron creciendo. El tratamiento mediático sobre la incorporación de Croacia como miembro número 28 de la Unión Europea en 2013, y el fin de las restricciones migratorias aceptadas en 2007 por Rumanía y Bulgaria, dan cuenta de por qué el gobierno de Reino Unido decidió utilizar un referéndum sobre la Unión Europea como herramienta de legitimación interna y negociación frente a la UE. Cabe recordar que el Parlamento Británico también había otorgado la competencia al Parlamento Escocés para poder convocar referéndums de independencia (cuya fecha, debería ser aprobada en negociación con el Gobierno). La estrategia de del gobierno parecía estar funcionando, vista la amplia victoria de Brown en las elecciones generales de 2015, acompañada de unos resultados pobres para UKIP que consiguió un único representante en el parlamento. Sin embargo, por factores que aún están siendo analizados, una parte importante de la juventud británica se abstuvo en el referéndum sobre el Brexit (incluso en Escocia, donde ni una sola localidad votó a favor de abandonar la Unión Europea), sorprendiendo al propio gobierno, y causando la dimisión del Primer Ministro.

Entre el 23 de junio de 2016, y hoy 29 de marzo de 2017, hemos acudido a una constante improvisación política en Reino Unido y la Unión Europea – que ha quedado matizada únicamente por el otro gran evento político de 2016, la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos – La nueva Primera Ministra, Teresa May, ha transitado hacia posturas más extremas en la negociación sobre el Brexit, intentando situar al país en una situación tan delicada en los próximos dos años, que cualquier cuestionamiento a su liderazgo por parte de su partido (incluso en el Parlamento) pueda ser percibido como una traición en plena crisis. Esta estrategia tiene sus límites frente a la sociedad escocesa, y frente a su Primera Ministra, Nicola Sturgeon. Tras conseguir un espacio de interlocución en el equipo negociador británico para el gobierno escocés, y tras el abandono de “opciones blandas” para abandonar la UE, el Partido Nacionalista Escocés (SNP) no tiene más opción para mantener su credibilidad que intentar un segundo referéndum de independencia – al que se comprometió en su programa electoral, si había cambios sustantivos en la relación de Reino Unido con la Unión Europea. Precisamente, ayer 28 de marzo el Parlamento Escocés reactivó los poderes de la Primera Ministra para negociar la fecha de un referéndum con el Parlamento Británico. El parlamento de Irlanda del Norte, a su vez, también reflexiona sobre cuáles serán las consecuencias del Brexit sobre el proceso de Paz – y su futuro, federados a un Reino Unido fuera de la UE, o no.

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