Esta Unión Europea no permite políticas de izquierda

Al inicio de la crisis económica se escuchaban voces políticas sobre la emergencia de cambiar la Unión Europea y la necesidad de que los países más azotados por la crisis se aliasen para acabar con las políticas neoliberales en Europa. De la misma manera, se transmitía la esperanza de que es posible cambiar la UE desde dentro si la izquierda accede al poder. Así lo manifestaba Grabiel Zimmer, presidenta del GUE-NGL, en 2014: “Si demostramos que la izquierda es capaz de gobernar, podremos cambiar la Unión Europea” (Cuartopoder, 2014), y todavía se percibe que existe esa esperanza en la izquierda política.

Sin embargo, la situación no está siendo nada alentadora. En enero de 2015 la izquierda europea se alegraba de la victoria de Syriza y el ambiente era de euforia, se pensaba que si en un país como Grecia había ganado la izquierda radical, se podrían revertir todos los ataques a nuestros derechos. Pero pocos meses después, Tsipras firmaba el tercer rescate al país heleno e implementaba las medidas de ajuste dictadas por el Fondo Monetario Internacional, ese organismo que ofrece unas líneas de crédito para sus amiguetes (como a Polonia, un país solvente y con un gobierno de derecha, vaya casualidad), pero ofrece otras a los países que requieren implementar medidas de ajuste estructural, aunque estén enormemente endeudados. Así pues, la austeridad nos está llevando a un camino de difícil retorno y como apuntaba Stiglitz, “es un problema político, de unos líderes que se aferran a unas directrices económicas que a estas alturas se hallan completamente desacreditadas” (Eleconomista, 2015).  Así que no cabe duda de que es necesario combatir los recortes que nos están ahogando, ¿pero cómo hacerlo?  Desde Grecia se afirma que no existe la correlación de fuerzas que debería haber para poder oponerse a las políticas de la Unión Europea.

Por un lado, desde los sectores neoliberales se culpa a Grecia y a los países más endeudados de que no han aplicado las recetas económicas idóneas. Por otro lado, desde los que se sitúan más a la izquierda se escuchan voces culpando a Tsipras de que es un socialdemócrata. Sin quitarle culpa a Tsipras, el cual considero que podría haberse opuesto a la firma del tercer rescate, me gustaría señalar que debemos tener presente la camisa de fuerza en la que está encorsetado todo aquel que se oponga a la oligarquía de la UE y sus políticas dominantes.

En la izquierda española, Alberto Garzón (2015) afirmaba que “ni Syriza ni Grecia pueden cambiar este rumbo suicida en solitario” y que requieren de aliados internacionales que se encuentran fundamentalmente en el sector social que sufre las políticas neoliberales. Dos años antes explicaba en una entrevista que   había  que empezar a hablar de conformaciones de bloques sociales políticos y económicos en la Europa del Sur (países como Grecia, Portugal, Italia o  España que comparten problemas estructurales) (Delgado, 2013).

Sin embargo, con la crisis de refugiados no podemos utilizar un enfoque estrictamente economicista, y sí deberíamos aplicar uno político o social. Tsipras ha vuelto a firmar otro acuerdo que viola los derechos de los refugiados, y que otros sectores han denominado como “acuerdo de la vergüenza”. Ahí no hay excusa de que Grecia no haya hecho sus deberes, de ahí que no comprenda el motivo de que Tsipras lo haya firmado, y ahonda más las dudas en mí de que haya posibilidad de un movimiento político europeo de izquierdas que cambie esta tónica dentro de las estructuras enquistadas de la “unión”.

Por consiguiente, el problema no es que la UE no tenga medios para reubicar a los refugiados sirios ya que ha ofrecido 6.000 millones de € a un país como Turquía para expulsarlos allí, un país al que se le impidió entrar en la Unión Europea por criterios democráticos, ya que como se especificó en un informe emitido en 2014, la Comisión expresaba “su preocupación en cuanto a la protección de los derechos fundamentales, la independencia del poder judicial, el Estado de Derecho, el derecho de reunión y la libertad de expresión”. Sin embargo, consideraba que Turquía era un socio estratégico para la UE en términos económicos (Parlamento Europeo, 2015).

Así pues, ¿nos encontramos ante una Unión Europea preocupada por garantizar los derechos humanos? O por el contrario, ¿nos encontramos ante una Unión de Libre Mercado donde lo importante es la libertad de circulación de mercancías y la libertad de compra? Habrá quien piense que esto es manipulación y que esto no es así, pero solo hay que ver las imágenes de los refugiados en Idomeni para acabar afirmando que los intereses económicos prevalecen sobre los derechos humanos.

Solo queda ante esta situación dos vías: seguir luchando o salirse de la UE. Sobre la segunda alternativa, en el Tratado de Lisboa se contempla una cláusula de retirada para la salida voluntaria de un país, y si se opta por esa, habría que preguntarse qué alianzas a nivel internacional con otros países podrían realizarse y si es viable, y si las alianzas se producen con países democráticos o con países que no lo son. No quiero posicionarme al respecto, podría, pero sería sin fundamento porque no tengo suficientemente conocimiento al respecto. Sin embargo, sí tengo claro que no quiero seguir observando injusticias de ese tipo y que es necesario que nos concienciemos, que no critiquemos en las redes sociales o nos quejemos en una conversación de una cafetería sobre estos temas y sigamos votando a los mismos que provocan o permiten estas violaciones de derechos humanos. Los problemas tienen soluciones, y también responsables.

Foto portada: Parlamento Europeo (2012).

Irene Reina Sánchez (Mataró, 1993). Estudiante del Grado de Ciencias Políticas y de la Administración en la UGR. Me interesa todo lo relacionado con el comportamiento político y la teoría política. En twitter: @irenerschez

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