El Compromiso de Bogotá y Hábitat III, ¿Cuál es su significado para las ciudades en España?

A mediados de Octubre fue aprobada la Nueva Agenda Urbana (Hábitat III) a través de la cual las Naciones Unidas esperan promover soluciones locales para los problemas globales señalados en estos últimos años, y recogidos en documentos trascendentales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS.2015-2030), la Agenda de Acción de Adis Abeba para la financiación del Desarrollo Internacional (AAAA.2015), los Acuerdos de París contra el cambio climático (COP21.205) y el marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres (Sendai.2015-2030). Contrario a lo que pueda parecer, Hábitat III fue promovido principalmente por ciudades de países pertenecientes a la OCDE, y ciudades de los mal llamados países en vías de desarrollo (Colombia, México, Indonesia, etc.); y esto es así porque los compromisos y recomendaciones adoptados en estos documentos hacen especial hincapié en mejorar la vida de los residentes urbanos a través de la lucha contra la desigualdad social y económica, el incremento de la democracia participativa, la lucha contra el cambio climático y la descentralización fiscal y política – es decir, la creación de un contexto político en el que las ciudades y regiones adquieren un papel protagonista a la hora de mejorar la vida de sus residentes, y también a otras ciudades más allá de sus territorios sin necesitar la mediación de poderes centrales.

En este artículo realizaré un breve análisis de los puntos más relevantes que las ciudades fueron capaces de introducir en el documento final de Hábitat III, y cuál es su relevancia en el caso de las localidades españolas. Para hacerlo, me basaré en el acuerdo alcanzado apenas unos días antes de la cumbre de las Naciones unidas en Quito (Ecuador), es decir, el compromiso alcanzado por los representes de la Unión de Ciudades y Gobiernos Locales (UCGL) en la ciudad de Bogotá entre los días 13 y 15 de octubre – el motivo por el que las alcaldesas de Barcelona y Madrid no estuvieron presentes en la Península para celebrar la Fiesta Nacional, que curiosamente no fue explicado en la prensa Española – El Compromiso consta de recomendaciones para los gobiernos locales y regionales, gobiernos nacionales y la comunidad internacional.

Detrás de la mayor parte de estas sugerencias está la promoción de la llamada Nueva Gobernanza Urbana, una aproximación en la cual los gobiernos locales renuncian a cierta libertad para imponer agendas políticas completamente distintas para la ciudad (comprometiéndose a la implementación de guías y marcos en temas estratégicos, que pueden cubrir periodos entre 5 y 20 años, y también al diseño participativo de sus políticas locales con representantes de las clases productivas y la sociedad civil) para convertirse en coordinadores de acciones locales, y tomar mayor responsabilidad en garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos de los residentes. El llamado Derecho a la Ciudad resume buena parte de esta filosofía, sin embargo, algunos de sus aspectos más literales sobre la implementación de los DDHH como son la función social de la ciudad y la subordinación del lucro personal al bien colectivo siguen estando mediatizados por el color político que los ciudadanos hayan elegido para sus ayuntamientos. La renuncia a gobernanza unilateral por parte del ayuntamiento no significa sin embargo la reducción de la participación del estado en la vida de la ciudad, al contrario, el Compromiso aboga por el fortalecimiento de las capacidades del gobierno para proteger el bien común: la creación de alianzas efectivas con pequeños negocios y organizaciones de la sociedad civil, para ser útiles y transparentes necesitan contar con profesionales públicos altamente cualificados, empáticos e involucrados en el área política en la que trabajan (para ello el compromiso sugiere crear carreras públicas atractivas, incrementar el número de responsables de nivel intermedio evitando la tecnocratización, y frenar la destrucción de empleo público). Activar los recursos latentes en ciudades y barrios necesita de recursos económicos municipales, que se sugiere sean extraídos dotando a los ayuntamientos de mecanismos para aplicar políticas progresivas de impuestos que capturen de forma adecuada la generación de riqueza en la ciudad, así como mecanismos transparentes y responsables de préstamo (a los que los estados centrales han de garantizarles acceso en condiciones justas) y posibilidad de acceder a fondos internacionales para luchar contra el cambio climático, y promover desarrollo humano en sus localidades.

El compromiso apuesta también por fortalecer la posición de los posibles socios del gobierno local en la ciudad, a través de procesos de licitación a medida que permitan aflorar prácticas de la economía informal, y promover modelos sociales y sostenibles de negocio. También propone aplicar planes de desarrollo que demanden altos niveles de mano de obra – como planes de reforestación, el apoyo a las economías del cuidado, y la adaptación de barriadas construidas ilegalmente – garantizando a través de ordenanzas municipales condiciones salariales dignas para los residentes. El documento apoya la creación de espacios urbanos de uso mixto (vivienda, esparcimiento y servicios, etc.) en el que el uso comercial esté presente en la medida que facilite la vida a los residentes, criticando con dureza la práctica de la especulación inmobiliaria por destruir el sentido de pertenencia entre los residentes y hacer las ciudades menos vivibles.

Otra dimensión interesante para el caso español, es el establecimiento de redes de aprendizaje y ayuda mutua entre municipios, que tienen sentido cuando estos no necesitan operar pensando en su posición dentro de redes políticas piramidales. Esto significa que ayuntamientos de colores políticos distintos son capaces de llegar a acuerdos y aprender de ayuntamientos gobernados por un partido político de signo distinto, sin pensar cómo esto refleja sobre las dinámicas entre partidos en clave autonómica ni nacional. Sorprende que este principio, adoptado sin problema en otros contextos chirríe automáticamente al ser aplicado en España, aunque la solución propuesta siga siendo la misma que la sugerida en el Compromiso: mayor descentralización de las competencias, establecimiento de marcos estratégicos elaborados varios niveles de la administración y agentes sociales, y mecanismos accesibles a los ciudadanos para la transparencia y la rendición de cuentas.

En Bogotá las ciudades impulsaron también la inclusión de la Agenda 21 de cultura como base para las políticas culturales en la ciudad. Oscilando normalmente entre el esnobismo y la banalización, las políticas culturales en las ciudades han sido ampliamente desaprovechadas; y no han sabido integrar los principios de gobernanza participativa que si han sido adoptados en otras áreas como salud o gobernanza económica. El compromiso propone poner en valor las culturas y prácticas diarias de los ciudadanos que contribuyen a la convivencia y a la sostenibilidad, ampliando el foco de lo que habitualmente es considerado política cultural. Otra propuesta es la de proteger el patrimonio natural y cultural de las ciudades, poniéndolo en relación con la vida de los residentes con el fin de crear identidad asociada a la pertenencia – aunque sea transitoria – a la ciudad. La idea detrás de esta recomendación es que el patrimonio urbano pueda ser experimentado a varios niveles, siendo el primero de ellos la experiencia de compartir el mismo espacio desde experiencias de vida distintas. El turismo y la economía cultural también son realidades tenidas en cuenta, que los ayuntamientos han de subordinar al bienestar de sus ciudadanos.

Nuevamente, el actual clima político español hace difícil creer que las ciudades vayan a ser incluidas por defecto en delegaciones nacionales cuando estas negocien tratados internacionales. Teniendo en cuenta que ciudades como Barcelona (sede europea del UCGL) y Madrid han participado activamente en los foros internacionales anteriormente mencionados, y otras como Bilbao figuran entre las pocas ciudades europeas con representación en la Cumbre Mundial de los Alcaldes – promovida anualmente por el gobierno de Singapur, y a la que solo es posible acceder por invitación – resulta llamativo que el gobierno central vaya a rechazar su colaboración en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país.

Foto portada/habitat3.org

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