Constitucionalísimos: la revolución triste del cero

En esta ocasión, y sin que sirva de precedente, Ciudadanos me brinda la oportunidad de tratar, aunque sea lateralmente, uno de mis temas preferidos: el constitucionalismo democrático. Y es que, tras su IV Asamblea General, han renovado su ideario para pasar a autodefinirse como liberales, demócratas, progresistas y constitucionalistas.

Como cuenta Carlos de Cabo, tanto en la Teoría del Estado como en el Derecho Constitucional existe un acuerdo general en la caracterización del Estado contemporáneo, especialmente desde la segunda postguerra mundial, como Social, Democrático y de Derecho, vinculándose, cada uno de estos elementos, a las tres grandes tradiciones del pensamiento moderno: la liberal, la democrática y la socialista –donde cada una de ellas supo afectar, ampliar o transformar tanto la parte orgánica como la parte dogmática de las distintas constituciones que se fueron sucediendo–.

Estos tres términos que gozan de unidad estructural, representan los distintos momentos del Estado Constitucional: el Estado Social, con su vocación activa, intervencionista respecto de la sociedad, como el momento social del Estado; el Estado Democrático, que ordena procedimientos y se estructura en torno a la realización de los principios democráticos, como el momento democrático del Estado; y finalmente el Estado de Derecho, el momento jurídico del Estado, consistente en el sometimiento de su actuación a la disciplina del Derecho según el marco constitucionalmente establecido. Todo ello cristaliza en el texto constitucional como instrumento jurídico y, al mismo tiempo, expresión de la correlación de fuerzas de un momento histórico concreto.

Así pues, Ciudadanos recoge en su ideario los tres momentos del Estado Constitucional, añadiendo aun el calificativo constitucionalista. Es, sencillamente, redundancia. Una redundancia –constitucionalista (implícito) + constitucionalista (explícito)– que se resuelve mediante la fórmula lingüística del superlativo -ísimo: constitucionalísimos. No obstante, profundizaremos sobre la naturaleza de este superlativo.

Partiendo de la formulación siguiente:

Liberal + Demócrata + Progresista[1] = Constitucionalista

Entendemos que la maniobra que realiza Ciudadanos consiste en colocar ambas partes de la igualdad en un mismo lado, de modo que, necesariamente, una de ellas ha de cambiar su signo de positivo a negativo, quedando así:

Liberal + Demócrata + Progresista – Constitucionalista = ?

Ese interrogante, en el cual reside el significado del superlativo -ísimo, lo solucionamos al considerar que una cosa (Liberal + Demócrata + Progresista) menos esa misma cosa (Constitucionalista), equivale a cero. De este modo:

(Liberal + Demócrata + Progresista) – Constitucionalista = 0

Y explicamos qué significa ser cero:

Decía Jesús Ibáñez que, según Frege, la serie ordinal de los números enteros positivos se genera a partir del cero, el cual funciona como metaentero. Frege estaría realizando una tarea en dos movimientos, encerrando en el primero la contradicción “el conjunto vacío es el conjunto de los elementos para los que ‘x no es igual a x’ (esto es, ninguno: cero)”, y haciendo, en un segundo movimiento, que esta contradicción empuje, de modo que “del cero se genera el uno, número que tiene como elemento al conjunto vacío que le precede [el cero], y el dos, número del conjunto que tiene como elementos a los conjuntos que le preceden [el cero y el uno]”. La función de los constitucionalísimos es empujar, tirar, arrastrar –que por el propio sentido de la palabra cabe comprenderlo como un dinamismo encerrado en el estatismo: se empuja algo quieto o incapaz de moverse por sí mismo, donde el sujeto activo (que empuja) es el sujeto dependiente, cuya actividad nace de la pasividad del inmóvil, y una vez este sea capaz de moverse autónomamente o desaparezca, su tarea habrá concluido–. Es el mismo sentido contradictorio de dinamismo estático plasmado en el término gramsciano de revolución pasiva, sobre el que el compañero Vicente Escriche escribió en esta misma web.

Dejando a un lado este guiño cordial a los cuantitativistas y a los enamorados de los números en general, avanzamos por el campo de las letras, pues la intención lingüística  del superlativo –ísimo es ponderativa. José Luis Villareal Vásquez, en su interesantísima reflexión recogida en “El ponderativo como perfectividad pragmática de la acción verbal”, plantea que “la magnitud referencial que nos formamos a partir de un discurso adjetivado no depende únicamente de valores idiomáticos y gramaticales, sino que está mediatizada por la experiencia de los hablantes-oyentes (también autores-lectores) y  por las redes de significación que se establecen en cada situación comunicativa real y concreta”. Efectivamente, ese superlativo que significa sobrecarga o exceso, termina implicando sobrecarga o exceso en sentido peyorativo cuando es extrapolado al ámbito del poder y a la política en la historia de nuestro país, en tanto que nos conduce inevitablemente al Generalísimo, o a su contraparte surgida tras un paseo por los espejos cóncavos del Callejón del Gato, el Cuñadísimo, –como una suerte de broma cruel que quiere revestir al último eslabón de la cadena alimentaria de la política (el cuñado) de la solemnidad del rango militar. Casi inspira la ternura de un niño al que le queda grande el traje de comunión de su hermano mayor–. Sea como sea, nos conduce a uno de los episodios más grises y brutales, de mayor exceso, de nuestra memoria.

La paradoja es la siguiente: el constitucionalismo democrático nace con una original voluntad emancipadora y revolucionaria, en oposición al poder absoluto. Encajar exceso de poder con Constitución, o lo que es lo mismo, con un instrumento que limita al poder, nos remite de nuevo a Carlos de Cabo. El catedrático explica que en el Derecho moderno las demandas se mediatizan por el Estado, canalizándose institucionalmente, lo que conduce a una judicialización del conflicto socio-político, y con ello, a una forma de operar que implica la instrumentalización del Derecho, de la Constitución y de las instituciones, de cara a su eficacia más política que jurídica.

Situándonos en el momento histórico presente, ya nadie puede sorprenderse si decimos que el Régimen del 78 está herido de muerte por dos costados: 1) una crisis socio-política nacida de la quiebra por arriba del pacto Capital-Trabajo, en tanto que este dejar de resultar funcional a los poderosos en el nuevo modelo de acumulación del capital –y frente a lo que se plantea una respuesta popular, democrática y transversal condensada en el 15M–, y 2) la cuestión territorial –el carácter plurinacional del Estado español aún inasumible para algunos–, que estalla con el Estatut de 2006, el recurso de inconstitucionalidad del PP y todo lo que vendría después, abriendo un nuevo horizonte para un independentismo catalán que ya no encuentra satisfacción a sus aspiraciones nacionales y de autodeterminación en el Régimen del 78.

Ante estas heridas, Ciudadanos responde poniendo la Constitución como escudo, adoptando una forma de reivindicar la Constitución que se articula frente a los que son más débiles, no fortaleciendo su cara democrática, sino poniéndola como barrera en el debate político, allanando el camino a quienes se sienten cómodos con el estado actual de las cosas. Y ahí está el exceso –de Constitución–: apelar ciegamente a la Constitución equivale en esta ocasión a la claudicación del hecho político, a la negación del conflicto, cuyos objetos de debate quedan desplazados al ámbito judicial, como apuntaba De Cabo.

En base a la concepción ralwsiana de Justicia o de lo que es justo, Albert Noguera define el espacio de la  Justicia –en oposición al espacio de la Política– como “un espacio (ideal) donde reinaría una única interpretación de los principios y derechos, que de forma general y universal, sería públicamente acordada y reconocida por todos los sujetos como ‘justa’ y, por tanto, como prioritaria, superior y definitiva”. Es, en última instancia, una maniobra de desplazamiento de las cuestiones políticas hacia órganos técnicos que nos llevan a un concepto monista y cerrado de legitimidad basado en la unanimidad; exactamente la misma lógica anti-política que observamos en su insistencia insana en la cultura de la Transición, en los pactos de Estado y en el consenso: como nos enseñó Chantal Mouffe, es el pluralismo lo que determina la naturaleza de la democracia moderna, un principio axiológico que debemos “festejar y promover, frente al objetivo de unanimidad y homogeneidad, que siempre se revela ficticio y basado en actos de exclusión”. Apelar a la unanimidad no puede significar otra cosa que estrechar el espacio para la política, para la transformación social y para la emancipación.

Seguramente, el aspecto más resbaladizo de todo esto viene dado por la concepción de la Constitución como expresión y materialización de un acuerdo social, marcado tanto por el momento histórico en el que se produce, como por la correlación de fuerzas existente. Volviendo a la senda de la lingüística, apuntaremos antes que nada que en la gramática tradicional se considera la existencia del aspecto verbal asociada con el tiempo, de modo que la perfectividad del verbo se da cuando la acción verbal ha concluido en el momento de la enunciación. Villareal contempla las formas de perfectividad morfosintáctica y semántica como perfectividad gramatical, a lo que le suma la perfectividad pragmática, correspondiente a la lingüística y relacionada con el contexto, donde al añadir el ponderativo al adjetivo torna perfectivos aquellos verbos que le acompañan, que de otro modo se entenderían imperfectivos. El tiempo político que articula el discurso de los constitucionalísimos, que determina su forma de hacer y ser en la política española, ya ha pasado y ya es pasado, de modo que, aun incorporando parte de las exigencias de nuestros tiempos –la necesidad de un nuevo pacto–, su lectura pasa por la recuperación del pacto caduco, reforzando su vertiente legalidad y tomándola como punto de referencia –una legalidad que se constituye como base de la legitimidad de su discurso, con las deficiencias y contradicciones que ello implica–.

Los constitucionalísimos no proponen ni pueden proponer un horizonte alternativo posible. Arrastran a un moribundo. Su tarea se limita a resistir, como quien camina por el desierto infinito; hasta que se pueda. Y, mal que les pese, Sí se puede.

[1] Progresista como la forma edulcorada de socialista, pues no olvidamos que en su ideario anterior se enmarcaban en la tradición del socialismo democrático, mostrando con ello un carácter mucho más firme, aspecto que fue, de hecho, objeto de enorme debate en esta IV Asamblea General.

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