Con la religión hemos topado

Si estudiamos a grandes rasgos la historia reciente de España podemos observar cuatro principales cleavages o divisiones sociales profundas y persistentes. El conflicto social, la disputa entre monarquía y república, la cuestión territorial (centro-periferia) y, por último, la lucha entre Iglesia y Estado por la legitimidad. Entre estas cuatro divisiones, la que opone Iglesia y Estado y la que hace referencia al modelo de Estado parecen ser las únicas que hemos podido resolver a raíz de la Constitución de 1978. Son pues el cleavage social –agudización de la desigualdad con la crisis- y territorial –nacionalismos periféricos- los que mayor interés deberían producir para escribir por su gran y perceptible actualidad. Pero un hecho concreto me hace centrarme en el que hace referencia a la división entre Iglesia y el Estado. La llegada de las llamadas ‘alcaldías del cambio’ tras las últimas municipales, y con ellas la impugnación de algunos consensos que construyeron el régimen del 78.

Echando la vista atrás, el predominio de la Iglesia en la cultura política en este país nos dejaba valores poco tolerantes y autoritarios, sumándole las oscuras décadas de nacional-catolicismo. Con la vuelta a la democracia, tras largos años de dictadura, pasábamos a un declive societal de la Iglesia católica marcado por una pérdida de religiosidad de los españoles y españolas y un ‘catolicismo nominal’, es decir, el mantenimiento de una identidad católica difusa. Esta identidad confusa está interrelacionada con la confusa mención a la relación del Estado con la Iglesia en el marco constitucional del 78. Así, el artículo 16 reconoce la aconfesionalidad del Estado de manera ambigua en perjuicio del libre desarrollo de la libertad de conciencia de todos los ciudadanos y ciudadanas. Un sistema aconfesional y una clara confesionalidad sociológica.  Además, el artículo 16.3 hace mención explícita a la cooperación con la Iglesia católica por parte de los poderes públicos, y por tanto, la violación del derecho fundamental del artículo 14 donde se prohíbe la discriminación, entre otras, por razón de religión.

Esta discriminación por razón de creencia podemos relacionarla directamente con la Transición, que no puso punto final al catolicismo del Estado español y que se ha servido de las ambigüedades constitucionales. El Concordato con la Santa Sede, la Ley de Libertad Religiosa –excluyente de la libertad de conciencia a los ciudadanos no religiosos- o los más de treinta años de atropello al principio de aconfesionalidad, con la participación de representantes públicos en actos religiosos junto a la presencia de simbología y representantes religiosos en instituciones públicas.

Uno de esos consensos que hacía referencia anteriormente es al del dominio y presencia de la Iglesia y religión católica en las instituciones y actos públicos. Así pues, tras las elecciones del 24 de Mayo, diferentes municipios y ciudades han dado un golpe en la mesa ante esta tradición que no respeta la Constitución en la que tanto se escudan. Ejemplos encontramos a lo largo de muchos pueblos donde se busca que los representantes no acudan a los actos religiosos en calidad de tales, sino individualmente. Casos como los de la ciudad de Barcelona suprimiendo la misa de la Mercè del programa oficial o la ciudad de Valencia donde la señera no pasó por la catedral y ahora el ayuntamiento estudia cobrar el IBI a la Iglesia por la propiedad de edificios no dedicados al culto, en un ejercicio de legislación en pos del bien común y no para unos pocos.

Estos hechos han provocado una respuesta a la defensiva del régimen y de sus principales actores, catalogando de antirreligiosas las nuevas alcaldías pretendiendo escorarlas ideológicamente a la izquierda y presentándolas de cara al pueblo como posiciones radicales, buscando agotar el impulso por parte del pueblo a estas nuevas alcaldías. Las formaciones transformadoras deben tener la audacia política de saber caminar entre precipicios en el terreno de la laicidad y la religión para vencer en la pugna, primero, por unas instituciones libres de simbología y representación eclesiástica –muy anclado en el sentido común- y, finalmente, lograr una completa laicidad en la relación Estado-Iglesia con el apoyo de esa nueva mayoría que puede sentirse católica –así se manifiesta el 68% de la población española- pero que se posiciona a favor de un Estado laico. Actualmente PP y PSOE se sienten cómodos en el terreno ideológico que les es más favorable y donde buscan volver a legitimarse. Esto es, manteniendo el statu quo de la aconfesionalidad difusa que les beneficia tanto a ellos como a la Iglesia católica. Debemos, pues, evitar la erosión de apoyos de la ciudadanía y construir alrededor de unas instituciones libres de simbología y de la ilusión de cambio una identidad transversal nueva, provocando así una dislocación de las identificaciones ancladas en los consensos del régimen del 78.

La búsqueda por un país laico tiene que ver con la defensa de las libertades religiosas y de conciencia, en lo personal y social. Que la ciudadanía exprese su pluralidad de creencias sin obstáculos de grupos de presión. Como dice Norberto Bobbio: “El espíritu laico no es en sí mismo una nueva cultura, sino la condición para la convivencia de todas las posibles culturas”. No volvamos a regalarle a los de arriba símbolos e identidades. Articulemos una ‘religión del pueblo’ donde quepan todas las personas y no solo unas pocas. El cleavage Iglesia-Estado no estaba muerto, estaba de parranda.

FUENTE

Errejón, I. (2011) El 15-M como discurso contrahegemónico. Encrucijadas. Revista crítica de Ciencias Sociales. Nº2, 2011, pp. 120-145

Foto principal: www.nacion.com

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