Catalunya: comprender la incomprensión

Una de las críticas habituales que se le hacen a la Ciencia Política desde otras ciencias (llamémoslas exactas) es su incapacidad para aportar una definición única, concreta y cerrada de algunos de los términos que surgen en torno al debate político. Así, al significante democracia se le puede asignar el significado “sistema en el que los representados eligen a sus representantes” (en palabras de Shumpeter) u otro muy distinto que cuestione la idea de la representación, como diría Rousseau “no se puede representar a quien no está presente”.

Uno de los términos políticos cuyo significado ha sido más debatido, analizado y discutido ha sido sin duda la palabra “nación”. En nuestro país, el debate respecto al número de naciones que coexisten en el Estado español ha sido objeto de conflicto desde hace siglos, hecho que se pudo constatar en el debate constitucional originado en la Transición. Tal y como explican Juan Romero y Manuel Alcaraz en “Historia de las Españas” (2015) el debate oscilaba entre “los que pretendían imponer que la Nación y el Estado eran lo mismo”, los que “creían que la nueva organización territorial del Estado con algún tipo de reconocimiento a las naciones culturales o referencias a Nación de naciones resolvía definitivamente el problema” y, por último, los nacionalismos periféricos, que comprendieron que “incluir una referencia a nacionalidades y haber dejado fuera el reconocimiento efectivo de las naciones internas era lo posible en aquel momento”. De esta manera se acordó que el artículo 2 de la Constitución recogiera el término “nacionalidades”, que algunos entenderían como un principio de reconocimiento de las naciones internas, y otros, como una tipología de “regionalismo cualificado”.

Pero, ¿qué es una nación? La definición comúnmente aceptada ha sido la que Ernest Renan aportó en su conferencia “¿Qué es una nación?”. Para él, la nación es el resultado de un “plebiscito cotidiano”, “existe ante todo, es el origen de todo, su voluntad siempre es legal, ella es la propia ley”. Por tanto, serán considerados nación todos aquellos pueblos situados en un territorio determinado que manifiesten su voluntad de serlo (normalmente, los ciudadanos de ese pueblo tendrán en común rasgos culturales, históricos, lingüísticos). Otros autores han diferenciado entre nación política, nación jurídica y nación cultural.

¿Es Cataluña una nación? ¿Se ajusta a esta definición? Sí, parece que se adapta a los rasgos demandados, pese a que su condición “nacional” no está reconocida jurídicamente y, por tanto, esto sería sin duda un grave problema también en el aspecto político. El ordenamiento jurídico del Estado recoge hoy a Cataluña con la denominación de “nacionalidad histórica”, rango en el que también se encuentran Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco.

El hecho de que dos comunidades autónomas con realidades identitarias tan distintas como Andalucía y Cataluña tengan idéntico reconocimiento debe hacernos reflexionar sobre los fallos que ha cometido la política en esta materia. La definición de Linz (1975) sobre la realidad nacional de España debe ser revisada y actualizada:

“España, hoy, es un Estado para todos los españoles, una nación-Estado para gran parte de la población, y sólo un Estado, y no una nación, para minorías importantes”.

En cualquier caso, y en relación al fenómeno que vivimos en la actualidad, si debiéramos colocar en un calendario moderno la fecha en la que la problemática del encaje territorial comenzó a infiltrarse en nuestras agendas políticas, sin ningún tipo de dudas cabría referirse a dos fechas que, a estas alturas, parecen ancestrales por la convulsión posterior: el 30 de septiembre de 2005, fecha en la que 120 de 135 diputados del Parlamento catalán (todos salvo los del grupo Popular) aprobaron la reforma del Estatut, y el 28 de junio de 2010, donde el Tribunal Constitucional resolvió el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular. Entre ambas fechas un sinfín de negociaciones y de reproches políticos: fueron constantes las manifestaciones, las recogidas de firmas, la presentación de recursos judiciales o las declaraciones incendiarias, fundamentalmente desde el Partido Popular y su entorno mediático, que trataron de instaurar en el imaginario colectivo -con una cierta sobreactuación- la idea de que el único partido capaz de mantener la sacrosanta unidad de España era el Partido Popular, frente al caos separatista que significaba mantener en el gobierno al Partido Socialista.

En honor a la verdad, es probable que, si nos ceñimos a una lectura exhaustiva de los documentos, ni la postura del Partido Popular era del todo razonable (llegando a denunciar artículos que ya existían en otros Estatutos de Autonomía), ni la resolución judicial fue un ensañamiento, especialmente porque el tono del Estatut fue moderado previamente en varias ocasiones para poder evitar lo que finalmente sucedió. El hecho es que manifestó un choque de legitimidades y, por qué no decirlo, de soberanías que colocaba a millones de catalanes tradicionalmente cómodos en un marco autonomista ante una situación extraña: los tribunales españoles, con el partido de la oposición a la cabeza, habían logrado tumbar lo que el parlamento catalán había mayoritariamente apoyado. En cierto modo, la sociedad catalana había comenzado a agrietarse.

Volviendo a la actualidad es evidente que los canales de comunicación están completamente rotos entre ambos gobiernos (catalán y español), que parecen sentirse en una posición cómoda en este contexto de confrontación. En cierto modo, ambos se retroalimentan, utilizando al otro gobierno como espejo en el que mirarse para poder exaltar sus propias virtudes. La lógica electoralista nos muestra además como sus dos electorados parecen desear, hasta cierto punto, tal confrontación, estrechando el cerco de cara a unas futuras negociaciones. Para unos refuerza la idea de perdedores permanentes en un sistema que les maltrata, y para otros el relato de que los nacionalistas son unos egoístas que tratan de dinamitar la unidad de España. Y así, es muy complicado alcanzar acuerdos.

 

Deseo de un Estado independiente para CAT.

Si bien encontramos que no existe una posición clara y concisa de la sociedad catalana en relación al modelo territorial o con respecto a la voluntad por mostrarse a favor o en contra de la independencia, pese a que sí que parece que nos encontramos frente a un estancamiento a la baja de los favorables por la independencia, existen dos temas donde sí que existe una posición algo más mayoritaria: la insuficiencia del actual marco autonómico (incluso cuatro de cada diez unionistas se muestran proclives a un marco en el que Catalunya goce de una mayor autonomía), y la celebración de un referéndum, frente al cual tan solo se negaría una quinta parte de la sociedad catalana.

Valoración autonomía catalana

Si bien es cierto, y en ello descansa una de las principales debilidades del actual rumbo de la Generalitat, no existe una mayoría que apoye la realización de un referéndum de espaldas a la legalidad y al Estado. Y sin ella, el relato de la superación de un marco por la vía de la legitimidad padece fuertes limitaciones.

Opinión respecto a referéndum

 

Profundizando brevemente en la materia, es evidente que buena parte del discurso progresista tanto catalán como español se refiere a la incapacidad de las políticas del gobierno de Mariano Rajoy como elemento dinamizador del proceso independentista. De este modo, su postura inmovilista no habría hecho más que fomentar la desconexión entre unos ciudadanos catalanes hastiados por la falta de propuestas políticas y un gobierno al que, desde un punto de vista electoral, como comentamos previamente, no parece irle especialmente mal.

Pareciera, en base a los datos, que esta visión tiene, como poco, parte de razón: la valoración tanto de Mariano Rajoy como del gobierno español es terrorífica. En todo caso, podría resultar razonable que esto fuera así entre los potenciales independentistas,

Suspenso gobierno central y autonómico

debido al largo abismo que les parece separar, pero se trata de un fenómeno que se repite también entre los favorables de la permanencia en España, que suspenden mayotariamente tanto la gestión del Gobierno como a Mariano Rajoy. No solamente eso: por delirante que resulte, incluso entre aquellos que apuestan por mantenerse en España, el suspenso contra Gobierno y Rajoy es mayor que ante Generalitat y Puigdemont. En cambio, los votantes independentistas parecen sentirse notablemente satisfechos con la gestión de la Generalitat y del president Puigdemont.

Suspenso valoración de presidentes

Por último, y como muestra del carácter hasta cierto punto utilitarista del independentismo, un gráfico muy obvio pero que conviene bien recordar frente a la sumisión de los proyectos políticos a la judicialización: la gran mayoría de los independentistas creen que su vida será mejor que la que hoy mantienen.

Posición ante la independencia

Centrar el debate en el procedimiento legal es útil para tratar de obviar lo nuclear del asunto independentista, desprestigiándolo por la vía jurídica, pero difícilmente servirá para convencer a millones de personas que creen, racionalmente, que su vida será mejor fuera de España. No solo eso, sino que incluso entre quien, a día de hoy, optaría por quedarse en España, el escepticismo respecto al gobierno es más que notable. Un gobierno responsable debe asumir que solo la política, el diálogo y las propuestas servirán para desenroscar una situación en la que la mitad de Catalunya ya ha desconectado, emocionalmente, del Estado. Propuestas políticas, y molt de seny. No hay otro camino.

Artículo escrito por los politólogos Ignacio Casillas y Álex Pérez, editores de CSQN.

Foto portada/http://www.es.blog.espaibarcelona.com

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