Acerca de las responsabilidades políticas

En el avance de resultados del último barómetro del CIS publicado el miércoles pasado, a parte del crecimiento en intención de voto directa de Podemos y la notable caída de los dos grandes partidos, cabe observar unos cuantos datos relevantes que ponen en contexto la actual coyuntura política y social que vivimos actualmente y, desde hace ya tiempo, en España. Entre ellos encontramos que a la pregunta “¿cómo calificaría usted la situación política general de España?”, la suma de los que consideran que la situación es mala o muy mala alcanza el 80.5%. Por otro lado, los encuestados, al ser preguntados por cuál creen que es el principal problema que existe hoy en nuestro país, ponen a la corrupción y el fraude en segundo lugar (sólo por detrás del paro) y a los políticos como la cuarta preocupación por detrás de los problemas de índole económica.

Con este panorama que tenemos dibujado no parece atrevido ni desacertado afirmar que nos encontramos en una coyuntura en la que el sistema político e institucional se encuentran profundamente deslegitimados, entendiendo el término legitimidad como la aceptación por parte de una mayoría de la población de las acciones llevadas a cabo por las instituciones y los gobiernos y representantes que las impulsan. Por tanto, siguiendo esta breve definición de lo que es la legitimidad, creo que hay un elemento fundamental que la complementa, que es la confianza. Es aquí donde entraré en materia y hablaré sobre el tema que ha motivado que escriba este artículo que no es otro que el de la necesidad de la asunción de responsabilidades políticas por parte de nuestros representantes como una condición sine qua non, aunque no suficiente, para recuperar o en su defecto generar esta confianza que escasea.

Podemos entender la asunción de responsabilidades políticas como la decisión última que se toma, por parte del representante, y que pone fin al desempeño de la función que el mismo realiza. Esta asunción de responsabilidades puede obedecer a una infinidad de causas, penales o no, que pongan en entredicho el buen obrar del representante en el ejercicio de sus funciones de servicio público. Esta visión dista mucho de la ofrecida en medios de comunicación por parte de periodistas y de los políticos que en ellos aparecen, sobre todo si la persona a la que se reclaman estas responsabilidades son afines a su ideología o si pertenecen al partido propio o a uno distinto. Suelen supeditar las responsabilidades políticas a las penales. Es decir, las primeras se asumirán si, y sólo si, hay una condena judicial. Es por eso que hay que hacer una distinción entre ambos tipos de responsabilidades sin limitar las políticas a la asunción de una condena penal.

Dado que estamos hablando de decisiones personales y, por ende, subjetivas, considero que debe objetivarse, en la medida de lo posible, aquellas situaciones que puedan ser susceptibles de una necesidad de adopción de dichas responsabilidades, en aras de generar esa confianza en la sociedad que tan necesaria es para la legitimación del sistema. En este sentido, esbozaré algunas  medidas que considero pertinentes:

-Pese a que en la definición se señalaba que fuesen causas “que pongan en entredicho el buen obrar del representante en el ejercicio de sus funciones de servicio público”, parece que es poco ambicioso únicamente circunscribirlo a este ámbito. Si de generar confianza y credibilidad estamos hablando, parece oportuno exigir a nuestros políticos que abanderen con el ejemplo aquellos valores que defienden como deseables para su sociedad. Por tanto, poniendo un ejemplo ilustrativo y fácilmente comprensible, sería lógico pensar que debe abandonar su puesto un representante que defiende la monogamia y la unidad de la familia públicamente pero, por otro lado, es descubierto manteniendo una relación extramatrimonial. No hablamos en este caso de la comisión de ilícitos penales, pero sí de un ‘fraude’ ético para con sus votantes y con el conjunto de los representados.

willy meyer

Willy Meyer. Fuente: Antena 3

-Lo anteriormente dicho también vale para los casos en que, en el ejercicio de su acción de representante, incumple una promesa o un valor que supone un eje central en su argumentario político, estemos hablando de un delito o no. A este respecto tenemos un ejemplo claro y reciente. Hablamos del Eurodiputado electo Willy Meyer de Izquierda Unida que dimitió como europarlamentario tras conocerse que contribuyó durante 5 años al fondo de pensiones del Europarlamento, fondo que estaba gestionado por una SICAV (sociedad de inversión de capital variable). Esto era algo legal pero IU siempre se ha opuesto a este tipo de sociedades y, por tanto, creyó que debía dimitir y así lo hizo. Esto me recuerda a aquella frase que dice “La mujer del César tiene que serlo y además parecerlo”.

-También cuando se demuestre una falta de idoneidad en el cargo o una manifiesta incompetencia. Para ilustrar esta medida no encuentro mejor ejemplo que la ministra Ana Mato. Primeramente cuando no se enteró de que en el garaje había florecido un flamante jaguar (recibido por su marido como regalo de la trama Gürtel) y, por último, con la nefasta gestión del caso de ébola que casi acaba con la vida de una enfermera española.

Ana Mato, Ministra de Sanidad

Ana Mato. Fuente: Wikipedia

-En los procesos que acaben en imputación debe producirse el cese inmediato en sus funciones del representante. Máxime cuando se impute al político algún tipo de delito relacionado con la corrupción o con la gestión irregular de fondos públicos. Este hecho quedaría facilitado con unos compromisos éticos férreos por parte de los partidos que, en caso de no cumplimiento, procediesen a la expulsión inmediata de las organizaciones a los políticos implicados.

-También cuando, pese a la ausencia de responsabilidades penales una vez finalizado el proceso judicial, se hayan utilizado la mentira y la falta de transparencia como estrategias de defensa. Dado que, ambos recursos pueden ser legítimos para una persona privada, pero debemos propugnar y condenar socialmente al servidor público que para eludir una condena se sirve de la mentira. Debemos dejar de asumir que un representante público mienta impunemente, ya que no hay peor cáncer para la confianza que la mentira. Un ejemplo paradigmático para esta situación fue la acusación y posterior absolución de Francisco Camps, ex-Presidente de la Comunidad Valenciana. Pese a que fue absuelto (hay que recordar que estuvo a punto de declararse culpable), todo el mundo concibió como conducta no ejemplar el aceptar como regalos trajes de una trama corrupta así como las conversaciones con Álvaro Pérez (El Bigotes) en las que se decían cosas tales como: “¡Te quiero un huevo!” o “Amiguito del alma”.

Considero esenciales estas medidas, el limpiar desde dentro a todo aquel elemento que no sea merecedor de representar el interés general y defender el bien común, ya que si no, caemos en el riesgo de que se judicialice todavía más la política. Una democracia sana no puede permitirse que en las instituciones haya imputados que se nieguen a abandonar su cargo y, lo que es peor, que haya partidos que ante esta negativa no expulsen inmediatamente a estas personas. Ya que de este modo es como se rompe el principio de confianza entre representante y representado.

Respecto de la judicialización de la política cabe precisar que los mayores beneficiados son aquellos que sólo entienden la asunción de las responsabilidades políticas cuando ya hay una condena judicial. De este manera, mientras el proceso judicial siga su curso pueden mantenerse en el cargo, como ha ocurrido con el ex-presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.

Pero también, hay que señalar que es necesaria la aceleración de los procesos judiciales, pese a que en muchas ocasiones aquellos que reclaman esta medida son quienes más los dilatan mediante la imposición de numerosos recursos. Es necesario sobre todo para aquellas personas que han sido absueltos y han mostrado una actitud ejemplar y que, por tanto, merecen volver a ocupar el cargo que desempeñaban y a ser restituido su honor que puede haber quedado dañado por las injurias mediáticas que estos procesos llevan aparejadas.

Para finalizar, haré referencia a una cita de Antonio Gala que define bastante bien lo que he tratado de transmitir a lo largo de este artículo que dice así: “Los políticos honrados se quitan de en medio cuando cae sobre ellos la sospecha”.

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