A vueltas con la reforma electoral. El problema no es d’Hondt.

A raíz de la introducción en la agenda política la reforma electoral por parte de Ciudadanos y Unidos Podemos, en este artículo me gustaría reflexionar sobre el actual sistema electoral, sus problemas y sus posibles soluciones de reforma.

Antes de empezar a hablar de la reforma electoral es importante destacar que los sistemas electorales no entienden de moralidad; no existen sistemas electorales buenos o malos, ni justos o injustos, sino que responden a un contexto histórico concreto y a una correlación de fuerzas electorales concretas en un momento dado. Lo que puede ser bueno para unos en una situación determinada también puede ser malo para otros, y viceversa.

Las elecciones son la fuente de la legitimidad del sistema político, puesto que tienen un papel central en el funcionamiento del sistema, permitiendo la materialización e institucionalización del principio representativo el cual se basan nuestras democracias. Por tanto, las elecciones producen representación, gobierno y legitimidad, a partir de la relación tripartita entre representante/partido/representado.

Contexto teórico

Los sistemas electorales más conocidos dentro de la Ciencia Política son dos: los mayoritarios y los proporcionales. Los mayoritarios dan pie a sistemas de partidos bipartidistas, donde la escena política está dominada por dos grandes partidos; mientras que los proporcionales y como su propio nombre indica, dan pie a sistemas de partidos pluralistas donde existen varios partidos y se caracterizan por el consenso y la negociación entre partidos para conseguir formar gobierno.

Pues bien, el actual sistema electoral español fue diseñado durante la Transición para facilitar gobiernos estables y monocolores, donde se primara a aquellos partidos grandes con representación electoral en todo el Estado. Se quería evitar un multipartidismo extremo que recordara a la Segunda República.

Las primeras referencias que orientan el sistema electoral se encuentran en la Ley para la Reforma Política (LRP) de Adolfo Suárez en 1977. Esta ley ya establecía un sistema bicameral con la existencia de un Senado y la provincia como circunscripción electoral, lo que favorecería la representación mayoritaria con la intención de introducir un sesgo conservador en el sistema. Además, en esta ley también se hablaba de la necesidad de regular un número mínimo inicial de diputados para cada provincia y establecía la barrera legal del Congreso, que limitase la amplitud de la representación.

Más tarde, la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) dota al sistema político español de una ley electoral única, reguladora y comprensiva de todas las elecciones, y fue la encargada de sustituir al Real Decreto-Ley de 1977 sin introducir grandes cambios, por lo que ha resultado existir una gran continuidad entre las normas electorales provisionales y las actuales. Por tanto, la LOREG es hija heredera de la LRP, una ley de transición entre el franquismo y la democracia, elaboradoras por y para la transición y redactada por personas cercanas al régimen de Franco que querían conservar sus intereses.

Elementos del sistema electoral

De acuerdo al artículo 68 de la Constitución Española (CE), vemos que el sistema electoral tiene que atender a criterios de representación proporcional en la medida de lo posible, por lo que aparentemente entendemos que el sistema electoral existente en nuestro país es un sistema proporcional, y más si tenemos en cuenta que la Constitución es una ley de rango singular y la más importante en términos jurídicos. Pero lo cierto es que a pesar de que nuestro sistema electoral sea proporcional, dispone de efectos y sesgos que en muchas ocasiones hacen que se convierta en un sistema mayoritario.

Pero, ¿cuáles son estos sesgos mayoritarios que impiden la proporcionalidad en el sistema electoral español?

Principales sesgos del sistema electoral español

El principal problema de nuestro sistema electoral es que el tamaño de las circunscripciones –las provincias- es muy pequeño, por lo que actúan de corrector de la proporcionalidad y favorece a las fuerzas políticas que están insertas en todo el territorio, lo que provoca sesgos mayoritarios en nuestro sistema y prima a las poblaciones más deshabitadas. Una solución para corregir esta desproporción pasaría por aumentar el tamaño de las circunscripciones y reducir su número.

El mínimo de diputados por provincia también es otro sesgo mayoritario en nuestro sistema electoral. En menor medida, y al existir una distribución desigual de la población en las circunscripciones, los dos escaños iniciales favorecen a las provincias más despobladas, como Soria o Ávila.

Esto a su vez hace que el principio de representación derivado es proporcional en las grandes circunscripciones, pero produce efectos mayoritarios en el resto de distritos. Por tanto, el tamaño relativamente pequeño de los distritos reduce la proporcionalidad y es el elemento más influyente en los resultados electorales.

La principal consecuencia de estos dos efectos es que se crean mayorías absolutas artificiales con facilidad, puesto que solo una tercera parte de la composición del Congreso resulta de una representación proporcional estricta. Así pues, el Congreso es una cámara moderadamente fragmentada, con una sobrerrepresentación del partido más votado, por lo que un partido puede lograr la mayoría absoluta con un 42% de los votos, lo que ha favorecido históricamente a la formación de mayorías parlamentarias con gobiernos fuertes y estables, ya que el sistema electoral español transforma mayorías relativas de votos en mayorías absolutas de escaños.

Por otro lado, y entrando ya en la fórmula electoral, la fórmula d’Hondt (¡que no ley!), es una fórmula matemática de asignación de escaños por medio de los votos obtenidos que -como es lógico- prima al partido que ha quedado primero y penaliza a los últimos.  Esta fórmula no es el principal problema de nuestro sistema electoral, pero si a esto le sumamos unas circunscripciones relativamente pequeñas, el efecto mayoritario de esta fórmula se agudiza.

La crítica más generalizada a nuestro sistema electoral es la desigualdad del voto derivada de la distribución desigual de la población. También las dificultades de los partidos menores del ámbito nacional y electorado disperso para obtener representación parlamentaria, ya que el reducido tamaño de las circunscripciones también perjudica a los partidos pequeños o medianos del ámbito nacional, reduciendo la amplitud de la representación e invitando a la utilización del voto útil o estratégico.

Por ello, si de verdad se quiere competir con este sistema electoral, la clave está en formar mayorías electorales suficientemente amplias para disputar el primer puesto y que estén insertas por todo el territorio, tanto en las grandes ciudades como en las áreas rurales. Esto no es ni mucho menos una tarea fácil, como bien saben desde Ciudadanos y Unidos Podemos, ya que tanto PP como PSOE parten con ventaja al ser formaciones con una tradición electoral más prolongada en el tiempo que les ha permitido consolidarse en dichos territorios.

Ahora bien, ¿qué podemos hacer para disminuir los sesgos mayoritarios en nuestro sistema electoral?

Posibles soluciones

El hecho de que en la CE se encuentre estipulado una larga regulación electoral, hace que el sistema electoral al Congreso quede muy definido y deje poco margen de libertad para la futura regulación de la ley orgánica. Este sistema requiere para ser modificado de amplios consensos entre los partidos políticos. Ahora bien, cualquier opción de reforma deberá contar con el apoyo de las mayorías parlamentarias que llegaron a serlo gracias a la norma vigente, y unos y otros habrán de consensuar una nueva regla de juego en orden a la presentación y a la gobernabilidad. ¿Querrán los partidos que más se benefician de este sistema dar su brazo a torcer y modificar el sistema electoral en favor de una mayor proporcionalidad que beneficie a otros partidos? Difícilmente.

Dentro de las soluciones, existen dos formas de reforma electoral para aumentar la proporcionalidad del sistema y ajustarse a la ley. Es lo que he llamado reforma sustancial y reforma radical.

  • La reforma sustancial se basa en reformar la LOREG por medio de mayoría absoluta en el Congreso. Algunas medidas para aumentar la proporcionalidad pasarían por aumentar el número de diputados de 350 a 400 y reducir el número mínimo de 2 diputados por provincia a 1, de forma que quedarían más escaños para repartir de forma proporcional. Además, se podría modificar la fórmula electoral distribuyendo los escaños según la fórmula Sainte-Laguë.
  • La reforma radical consiste en modificar la CE por medio de una reforma ordinaria que elimine la provincia como circunscripción electoral. Algunas opciones que se barajan es establecer la Comunidad Autónoma como circunscripción para aumentar el tamaño de las mismas o ajustar las circunscripciones de acuerdo con fórmulas matemáticas homogéneas en todo el territorio.

Personalmente y para ir concluyendo, creo que el objetivo de cualquier reforma electoral en nuestro país tendría que realizarse conforme al artículo 68.3 de la CE; esto es, conseguir una mayor proporcionalidad en el sistema electoral. Lo que se quiere conseguir es una mayor homogeneidad en el máximo de circunscripciones posibles, evitando sesgos mayoritarios históricamente establecidos.

Ahora bien, una mayor proporcionalidad significa a su vez mayores dificultades para conseguir mayorías, por tanto más dificultades para llevar a cabo reformas y la necesidad de aumentar las negociaciones y el diálogo entre partidos, por lo que un aumento de la proporcionalidad daría paso a una mayor dificultad para formar gobierno y establecer mayorías parlamentarias. ¿Realmente estamos preparados para asumir esos riesgos?

Víctor Torres Llorens (L’Eliana, 1994), graduado en Ciencias Políticas y Sociologia por la Universidad de Valencia. Actualmente, máster en Comunicación Política (UCM). Me interesan los partidos políticos, el análisis y el comportamiento electoral. En Twitter @vtorresllorens.

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